El lema de las VIII Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de España ‘Somos Abogacía’ celebradas en Bilbao la pasada semana ya era toda una declaración de intenciones. Durante dos intensos días, los decanos y equipos de los 83 colegios de España han intentado cerrar filas sobre los desafíos de la profesión y cómo mejorar los servicios que se prestan a los colegiados y a la ciudadanía. Con orgullo de ejercer una profesión cardinal, los asistentes compartieron experiencias y buenas prácticas.

El Palacio Euskalduna de la capital vizcaína fue testigo del primer encuentro profesional de magnitud (más de 800 abogados) desde el tsunami de la pandemia por el Covid-19. Las jornadas coincidían con el estreno, tras seis años de trabajo, de un nuevo estatuto general que ha sido el punto de partida en muchos de estos diálogos.

Así lo subrayó Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), defendiendo el nuevo marco regulatorio adaptado a la realidad que mira al futuro. En su discurso inaugural, la presidenta hizo hincapié en la necesidad de garantizar el secreto profesional. Como destacó Ortega, “se encuentra en la base misma del derecho de defensa y se configura como un derecho de la ciudadanía”.

Efectivamente, uno de los cambios más destacados del recién estrenado estatuto es el del refuerzo del secreto profesional. Un tema que está de plena actualidad después de que, hace unos días, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictara que el exjuez Baltasar Garzón fue inhabilitado en un “proceso arbitrario” y exigió a España una “reparación efectiva”. En dicho proceso, el Tribunal Supremo sentenció a Garzón a 11 años de inhabilitación por interceptar comunicaciones en prisión de los principales imputados en la trama Gürtel con sus abogados.