El Ministerio de Justicia ha designado el comité de selección encargado de decidir el nombre del próximo presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en sustitución de Mar España, que lleva más de un año con el cargo caducado y que fue nombrada en 2015. También seleccionará al adjunto a la presidencia.

El PP y el PSOE llegaron a un acuerdo hace un mes para promover a Belén Cardona al frente del organismo y a Borja Adsuara como adjunto, pero lo cierto es que la ley obliga a convocar un concurso público. Cardona, catedrática de Derecho del Trabajo, es la actual subsecretaria de Justicia del Gobierno valenciano, y Adsuara es abogado experto en privacidad y protección de datos que ya ocupó cargos en Gobiernos del PP. También es profesor universitario y consultor.

Según consta en la orden ministerial, el comité de selección va a estar presidido por Pablo Zapatero, secretario de Estado de Justicia, y las vocalías las ocuparán Alberto Herrera, subsecretario de la Presidencia; José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; Esther Mitjans, profesora de Derecho Constitucional y exdirectora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos; y Jesús Jiménez, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La orden, firmada el pasado 22 de noviembre, se ha dictado cuatro días después de que el Gobierno publicase en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria oficial del concurso. Los interesados tienen diez días hábiles para presentar sus candidaturas. El citado comité será el encargado de hacer una propuesta definitiva de nombres para la presidencia y la adjuntía. Después, el Ministerio de Justicia elevará esa propuesta al Consejo de Ministros, que podrá rechazarla si estima que los candidatos no resultan idóneos para los cargos. Esta suerte de consejo de sabios podrá contar a su vez con asesores externos durante todo el proceso. Antes del nombramiento definitivo por parte del Ejecutivo, los dos candidatos deberán recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados.

La filtración de los dos nombres antes de la convocatoria del concurso público generó un profundo malestar entre los profesionales del sector jurídico, que temen que el concurso sea un trámite para confirmar de manera oficial a los candidatos impulsados por el Gobierno y no se valore ninguna otra candidatura. Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, tachó de “burla a las instituciones” la convocatoria pública tras conocerse los nombres y animó “a los expertos a presentarse” para evitar que se consume “este mercadeo”. Por ahora, el único profesional que ha hecho pública su candidatura es Leonardo Cervera-Navas, director del supervisor europeo de protección de datos (EDPS por sus siglas en inglés).