El Tribunal Constitucional deja en manos del Gobierno las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el impuesto para que cumpla con las exigencias de constitucionalidad. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el ejecutivo aprobará cambios normativos para «corregir» el llamado impuesto de la plusvalía municipal. «En el momento que se estudie la sentencia», se llevará al Consejo de Ministros «un texto legal para corregir elementos que se hubieran declarado inconstitucionales». Con este cambio legal la ministra ha querido dar «tranquilidad y seguridad» a los contribuyentes y garantizar la financiación de las entidades locales, que son las que reciben los recursos de este impuesto.

Los expertos apuntan que esta modificación podría realizarse mediante un real decreto para agilizar la puesta en marcha. Pero este punto ha generado controversia porque un impuesto no se puede legislar de esta forma porque no se trata de un aspecto urgente, sino que debería tramitarse como una ley convencional y pasar por el Congreso. El problema es que el trámite parlamentario se podría demorar hasta un año y, mientras, los ayuntamientos no podrían cobrar la plusvalía municipal (una de sus principales fuentes de ingresos junto al IBI).

De cualquier forma, el vacío legal se va a extender semanas o incluso meses porque, después de que el Gobierno apruebe el nuevo impuesto, los consistorios deben desarrollar sus propias ordenanzas para cobrar el tributo. En este contexto, muchos abogados están animando a sus clientes a cerrar operaciones pendientes de compraventa de viviendas o donaciones para tratar de ahorrarse la plusvalía municipal. Sin embargo, «no es descartable, que Hacienda establezca algún tipo de carácter retroactivo al nuevo tributo para que se aplique hasta el pasado 26 de octubre si se demuestra que ha habido ganancia en la venta, por ejemplo», explica Mateo.