Los técnicos del Ministerio de Hacienda trabajan a estas horas a contrarreloj con el objetivo de tener listo para el Consejo de Ministros extraordinario del lunes, que se adelanta al ser el martes la festividad de la Almudena en Madrid, una serie de cambios legales que permitan reactivar inmediatamente el llamado impuesto de plusvalía municipal, según revelan fuentes oficiales. El tributo, una de las principales fuentes de ingresos locales, ha quedado tumbado de facto tras declarar el Tribunal Constitucional que sus sistema de cálculo es nulo por inconstitucional.

Para minimizar todo lo posible el impacto de la sentencia, el departamento que dirige la ministra María Jesús Montero está estudiando si la medida puede ser aprobada mediante un real decreto ley que tenga efectos inmediatos desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y no descarta la posibilidad de hacer que el cambio tenga efectos retroactivos desde la fecha del fallo judicial.

Lo cierto es que el gran riesgo que entrañaba el pronunciamiento judicial, emitido el 26 de octubre, quedó desmantelado en la redacción de la sentencia, publicada el miércoles 3 de noviembre, pero cuyo contenido anticipó este diario la pasada semana. Así, los magistrados han cerrado la puerta a que los contribuyentes que no tuvieran ya abierta una reclamación antes de la fecha de su pronunciamiento, el 26 de octubre, puedan solicitar a sus ayuntamientos el reembolso del impuesto abonado. Esta cautela evita la amenaza que pendía sobre los alcaldes de tener que devolver los cerca de 10.000 millones de euros recaudados por esta figura en los últimos cuatro años, plazo sobre el que es posible reclamar autoliquidaciones.

El riesgo queda así contenido al aluvión de litigios abiertos ya a raíz de los fallos del Constitucional contra el impuesto por gravar ventas, herencias y donaciones de inmuebles cerradas a pérdidas, en 2017, o por exigir un tributo mayor al de la ganancia obtenida, en 2019.

A partir de ahí, en todo caso, la preocupación de Hacienda es que el impuesto es inaplicable desde la fecha del último fallo, lo que a priori abre una ventana temporal para cerrar operaciones inmobiliarias sin pasar por la caja pública. De ahí su interés en impulsar una modificación retroactiva del impuesto con efectos desde el 26 de octubre, lo que cerraría de golpe esta brecha. El referente, como publicó este diario, es el cambio legal retroactivo que el territorio foral de Guipúzcoa aprobó en 2017 tras el primer fallo del Constitucional en contra de la plusvalía municipal. Hacienda, en todo caso, aún no tiene que sea factible. Le urge, por tanto, dar la solución cuanto antes y, de hecho, baraja impulsar el cambio vía real decreto ley pese a que la creación de un nuevo impuesto o su modificación sustancial requiere de un proyecto de ley.

A falta de cerrar estos detalles, el fin es aprobar el lunes una modificación del método de cálculo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) que haga constitucional y aplicable un tributo que deja 2.500 millones en las arcas municipales cada año