Hacienda no dará a las comunidades autónomas más participación en el IRPF, IVA ni Impuestos Especiales. Así lo dice tajantemente en el documento que ha elaborado a partir de las reuniones que han mantenido las autonomías entre diciembre y marzo. Este informe es esperado por las comunidades como agua de mayo ya que supone el pistoletazo de salida para que empiece la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Una vez que las comunidades hagan observaciones, que deben entregar antes de las 11 horas del próximo viernes 25 de mayo, el Ministerio convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para analizar la reforma.
El documento no contiene una postura clara e inequívoca de Hacienda en la mayoría de los asuntos que se han debatido, pero sí que llega a una conclusión clara respecto a la cesión de mayores porcentajes de los impuestos estatales, que se deniega. El Gobierno sí que se muestra favorable a una armonización fiscal en los impuestos cedidos de las comunidades, tanto en Sucesiones como en Patrimonio, aunque admite que de momento no hay consenso.
Así, el Ejecutivo concluye que “no procede” la posibilidad de instrumentar un tramo colegiado en el IVA o en los Impuestos Especiales, como pedía el Comité de Expertos que entregó su informe en julio. La Administración General del Estado considera que “no existe consenso para su articulación”, que “podría generar competencia fiscal entre las comunidades y el Estado”. En cuanto a la modificación de la cesión del IRPF, el Gobierno considera que “alteraría la capacidad redistributiva de la Administración central”. Eso sí, el documento plantea que podría “profundizarse en el análisis de otros posibles instrumentos de obtención de recursos que podrían atribuirse a las comunidades para reforzar su corresponsabilidad fiscal”.
Hacienda considera “deseable que se trate de avanzar en la coordinación fiscal entre las comunidades a través del impulso de una armonización de la normativa tributaria, dirigida fundamentalmente a armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente”. En Sucesiones y Donaciones, constata que “se ha debatido la conveniencia de establecer tipos fijos”. Sin embargo, el Gobierno advierte de que “no existe consenso en relación con algunos aspectos técnicos”. En Patrimonio, apunta que “la posición mayoritaria ha sido la de mantener el impuesto, abogándose por la homogeneización […] así como el establecimiento de niveles mínimos de tributación”. Pero es la posición mayoritaria, no la única.
En esta “armonización” de impuestos cedidos, defiende “una unificación de las reglas de determinación de las bases imponibles y de las bases liquidables […] de manera que las competencias de las comunidades queden centradas en la posibilidad de establecer escalas o tipos de gravamen y deducciones en cuota”. Además, Hacienda constata que hay consenso sobre la incorporación de la población ajustada entre los costes fijos.
Respecto a los fondos, el Ejecutivo apuesta por el modelo que propusieron los expertos, basado en la capacidad tributaria, un Fondo Básico de Financiación (PBF), un Fondo de Nivelación Vertical (FNV) y un Fondo Complementario de Financiación (FCF). El Gobierno deja al CPFF el análisis sobre la creación de un Fondo para instrumentar la garantía de statu quo. Las entregas a cuenta se extenderán a todos los recursos, con lo que la financiación se incrementará en el corto y medio plazo, pero no llegarán al 100%.