El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022 aprobado ayer por el Consejo de Ministros no incluye grandes novedades en el ámbito tributario más allá de establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, volver a reducir la deducción sobre las aportaciones a planes de pensiones privados y prorrogar el sistema de módulos de los autónomos.

“No hay trampa, ni cartón”, prometió la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, al ser preguntada sobre los cambios tributarios que incluyen las cuentas de 2022. Lo que sí albergan los nuevos Presupuestos es un margen fiscal suficiente como para permitir al Ejecutivo extender durante buena parte del próximo ejercicio las rebajas fiscales aprobadas este año para tratar de contener la escalada de los precios eléctricos. Concretamente, un colchón de unos 6.000 millones de euros.

Para encontrar este espacio hay que fijarse en las proyecciones de recaudación de las cuentas. “El aumento de los ingresos tributarios se va a mantener en el próximo ejercicio cuando esperamos que la recaudación crezca un 8,1% respecto a la previsión de cierre de 2021”, que es de un avance del 10,8% tras la caída de 2020”, anunció Montero. “Se trata de una estimación prudente, realista, que se sitúa por debajo de la previsión de crecimiento del PIB nominal, que alcanzaría el 8,6%”, añadió. Es en esa diferencia entre la previsión de crecimiento nominal de la economía y el aumento de los ingresos tributarios, que normalmente irían acompasados, donde se esconde el margen que, según fuentes oficiales, el Gobierno se reserva para seguir amortiguando la subida de la luz.

Se trata de unas cinco décimas de PIB, casi 6.000 millones, con los que el Ejecutivo cubriría holgadamente al menos otro medio año de medidas paliativas tras haber rebajado del 21% al 10% el precio de la luz; reducido del 5,1% al 0,51% el Impuesto Especial sobre la electricidad y suspendido el tributo sobre la producción eléctrica del 7%. De no extenderse estas medidas, por tanto, las previsiones de ingresos y déficit podrían mejorar en ese medio punto de PIB, si bien la evolución del precio del megavatio deja poco espacio a la esperanza.

A partir de ahí, Montero confía en que “la mejora de la economía va a permitir un incremento de todas las figuras fiscales de forma general”. El IRPF, que este año crece un 6,6%, dejaría un 6,7% más en 2022 hasta los 100.132 millones. El IVA, apoyado en un avance del consumo privado del 6,9%, aportará el próximo año 75.651 millones, un 9,5% más (tras crecer un 9,1% este ejercicio). Los impuestos especiales avanzarían un 8,2% (tras el 7,4% de 2021) hasta los 21.843 millones.

La gran novedad tributaria se da en Sociedades, que este año recaudará un 38% más que en lo peor de la pandemia, y seguirá aumentando sus ingresos un 11,8% en 2022 hasta los 23.477 millones. La cifra incluye los 400 millones de euros que Hacienda estima que se logrará recaudar al impulsar un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible a los grupos consolidados y a las empresas que facturan más de 20 millones anuales. Aunque la inmensa mayoría de compañías españolas ya paga por encima de dicho umbral, en torno al 21,5% de media según los datos de la Agencia Tributaria, Montero estimó que 1.070 firmas pagarán más impuestos con el tipo mínimo.

Son aquellas que, partiendo del tipo nominal del 25% (30% para banca y petroleras) aplicando deducciones y beneficios fiscales acaban pagando menos del 15% de su base imponible (y eso que esta ascendía en 2019 a solo una cuarta parte del beneficio de los grupos). Eso sí, fuentes conocedoras de la letra pequeña asumen que las empresas afectadas podrán reservar para años siguientes los créditos fiscales por pérdidas pasadas que no puedan terminar disfrutar por el tipo mínimo.

La medida, que el primer Gobierno de Pedro Sánchez ya trató de impulsar en 2019, luego formó parte del pacto de coalición con Unidas Podemos y se dejó en suspenso por la pandemia, se retoma ahora por las presiones de la formación morada en la negociación del plan presupuestario. Montero, no obstante, la enmarcó en el acuerdo internacional de 130 países de la OCDE para impulsar un tipo global del 15% para multinacionales. Aunque el acuerdo supondrá la supresión de los impuestos digitales nacionales, la ministra dijo que “es pronto” para saber cuándo deberá España anular su tasa Google, a la espera de la concreción del pacto y de la directiva europea que lo desarrolle. Dada la baja recaudación que este impuesto y la tasa Tobin están cosechando, eso sí, Montero admitió que rebajarán las previsiones de recaudación para 2022 para adaptarlas a la liquidación real de 2021.

La ministra aclaró, en todo caso, que la gran reforma fiscal que planea se acometerá una vez conocido el informe encargado a un comité de expertos que lo publicará en febrero. De momento, y a falta de la tramitación parlamentaria de las cuentas, no habrá por tanto equiparación fiscal del diésel a la gasolina, o nuevos cambios en los tipos de IVA. La baza para la negociación, se sugiere, podría estar en aceptar enmiendas para seguir demorando la remodelación del impuesto de matriculaciones, que grava más a los vehículos contaminantes, de momento paralizada hasta final de año.