El Ministerio de Hacienda ha confirmado que el nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas entrará en vigor antes del 31 de diciembre con el objetivo de que el primer pago se realice en junio de 2023 sobre el patrimonio declarado en 2022. Así lo ha explicado el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en el XXXII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado que se celebra estos días en la ciudad de Granada.

En la inauguración del XXXII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, Gascón ha apuntado que cuatro de las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno se formarán parte de la misma proposición de ley: los gravámenes temporales para banca y energéticas, el impuesto para las grandes fortunas y la limitación a la compensación de pérdidas de filiales de los grupos empresariales en el Impuesto sobre Sociedades.

El Gobierno de coalición anunció recientemente la creación de esta nueva figura impositiva, diseñada expresamente para neutralizar las bonificaciones al 100% que aplican sobre el impuesto al patrimonio varias autonomías gobernadas por el Partido Popular. El nuevo tributo actuará sobre las riquezas netas de más de tres millones de euros y tendrá una deducción del 100% en las regiones en las que sí se aplique el impuesto original. Por ello, en la práctica, solo tendrá efectos en Madrid, Andalucía y Galicia, las tres regiones que bonifican total o parcialmente el impuesto sobre el patrimonio.

En un principio, el Ejecutivo explicó que el nuevo impuesto gravaría el patrimonio declarado en 2023 por unos 23.000 contribuyentes afectados, con el objetivo de recaudar cerca de 1.500 millones de euros cada año. Sin embargo, según recogía el Plan Presupuestario enviado hace dos semanas a la Comisión Europea, la aplicación se adelantará un ejercicio. La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en su análisis de las cuentas públicas, confirmó que las previsiones de ingresos del Gobierno incluyen los efectos de esta nueva figura ya desde 2023, si bien difirió con Hacienda respecto a las cifras de recaudación, rebajándolas en unos 300 millones de euros.

Esta figura impositiva no es la única novedad en materia tributaria. Entre los principales cambios impulsados por el Gobierno se encuentran también las llamadas prestaciones patrimoniales no tributarias sobre los beneficios extraordinarios de banca y grandes energéticas, por un lado, y la limitación en Sociedades a la compensación de pérdidas de las filiales de los grupos consolidados, por el otro. Los dos impuestos sobre banca y energética recaudarán 7.000 millones en dos años, mientras que la restricción a los grandes grupos ingresará 4.500 millones en los dos siguientes ejercicios, según la Airef.

Desde el Gobierno, aprovechando los abultados resultados anunciados estos días por gigantes como Santander, Iberdrola, Repsol o Sabadell (todos ellos sujetos al impuesto sobre los beneficios extraordinarios), han justificado las nuevas figuras. Las cifras que hay tras las grandes compañías "legitiman" los gravámenes, recalcan en el Ejecutivo.

En el tradicional congreso de los inspectores de Hacienda, Gascón recordó que "probablemente" las cuatro figuras novedosas se incluyan en la misma proposición de ley que se encuentra en estos momentos en el Congreso, ya que es lo "lógico". Es decir, tanto el impuesto a las grandes fortunas como la limitación a la compensación de pérdidas estarán registrados en la proposición de ley que PSOE y Unidas Podemos han presentado en la Cámara Baja y que actualmente está en periodo de enmiendas.

Gascón también explicó que en "unas semanas" el Gobierno aprobará también un nuevo decreto ley de medidas para aliviar la subida de los precios, "cuyo contenido no está todavía definido". El paquete incluirá medidas de carácter fiscal y se prevé la prórroga de algunos de los programas vigentes por el momento hasta el 31 de diciembre, algo que podría frenar la reducción del déficit público iniciada en 2022, según alerta la autoridad fiscal.