Presionado por organismos que van desde la Comisión Europea al Fondo Monetario Internacional para focalizar el marco general de ayudas en los colectivos más necesitados, el Ministerio de Hacienda estudia ya posibles vías para circunscribir la bonificación de los carburantes a los profesionales del transporte. En este sentido, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aseveró que "no es posible" discriminar "por tipo de renta" la concesión de las bonificaciones de 20 céntimos por litro de combustible consumido.

"Los gasolineros tendrían que hacer de inspectores tributarios" y esta práctica daría pie a un "fraude importante" porque no pueden "estar comprobando esos datos", ilustró durante una entrevista concedida a Telecinco. Sin embargo, matizó, lo que sí entra dentro de lo técnicamente "posible" es establecer la bonificación para los "sectores profesionales", como el del transporte, mientras que "habría que establecer otro tipo de medidas", como por ejemplo una "compensación de rentas" para aquellos hogares con menores ingresos.

La posibilidad de que la bonificación de los carburantes acabe siendo renovada solo para los colectivos profesionales ya fue planteada hace días por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Fuentes oficiales advierten, sin embargo, de que cualquier modificación del actual sistema de bonificación universal de los carburantes enfrenta una enorme complejidad técnica que podría complicar su puesta en marcha y, desde luego, acabar con el efecto corrector que el actual sistema tiene sobre la evolución de la inflación. Sobre la mesa, de hecho, sigue estando la opción de mantener intacto el sistema vigente desde la pasada primavera que permite a cualquier consumidor disfrutar de una rebaja directa de 20 céntimos por cada litro de gasoil o gasolina adquirida en una estación de servicio independientemente de la gama de su coche o su nivel de renta.

Una ayuda generalizada, de elevado coste público y que desincentiva el ahorro del consumo energético que entra dentro del paquete de medidas que, según la Comisión Europea, España debería revisar para tratar de rediseñar de manera más quirúrgica. "Si bien España desplegó medidas energéticas como parte de la respuesta política de emergencia a los aumentos excepcionales de los precios de la energía, una prolongación de las medidas de apoyo existentes y/o la promulgación de nuevas medidas de apoyo en respuesta a los altos precios de la energía contribuiría a un mayor crecimiento en el gasto" y a "un aumento del déficit y la deuda pública previstos en 2023", reza su análisis sobre el proyecto presupuestario español para 2023. "Por lo tanto", prosigue Bruselas, "es importante que los Estados miembros centren mejor dichas medidas en los hogares más vulnerables y las empresas expuestas, para preservar los incentivos para reducir la demanda de energía y retirarlas a medida que presionen los precios de la energía".

"La bonificación del carburante supone prácticamente la mitad del gasto proyectado en el paquete fiscal de respuesta a la crisis derivada de la guerra en Ucrania", advierte Santiago Lago Peñas, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, en el último número de Cuadernos de Información Económica publicado por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). En concreto, detalla, la medida ha tenido un coste de 4.531 millones de euros de los 15.772 millones invertidos en el paquete de medidas paliativas aprobadas en respuesta a los efectos inflacionistas y energéticos de la invasión rusa sobre Ucrania.

La prórroga de esta medida, en sus mismos términos, durante todo el ejercicio 2023 supondría, a su vez, una factura de 6.774 millones de euros sobre un paquete que, de extenderse todo el ejercicio en sus actuales condiciones, podría costar 18.528 millones, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Más allá, el artículo de Lago Peñas, Presupuestos generales y plan presupuestario para 2023: un análisis conjunto, detalla que "en su definición actual", dado el carácter universal del sistema de bonificación de los carburantes, "su impacto no solo estaría siendo regresivo, sino que va en contra de los objetivos de transición energética".

El Gobierno está decidido a apurar el mes de diciembre antes de lanzar el paquete de medidas que debe suceder al vigente hasta el 31 de diciembre a fin de adecuar el calado y duración del plan en función de la evolución económica. El margen da algo más de plazo a los técnicos para tratar de rediseñar la bonificación y a los aparatos políticos para evaluar el coste de extender o recortar determinadas ayudas durante un año marcado por las elecciones autonómicas y municipales de mayo y generales de diciembre.