El Gobierno se ha visto obligado a aparcar la armonización de la fiscalidad patrimonial entre comunidades autónomas, la medida estrella de la reforma fiscal comprometida con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación. Si bien la convulsión económica generada por la invasión rusa sobre Ucrania ha dejado de momento en suspenso todo el plan de remodelación del sistema tributario, en el caso de la homogeneización el problema de fondo es que el Ejecutivo la ha enmarcado ante Bruselas en una reforma del sistema de financiación autonómica que ha encallado nada más ser planteada. De hecho, el rechazo frontal del grueso de comunidades, independientemente de su signo político, al planeamiento inicial de Hacienda amenaza con impedir cualquier avance en lo que queda de legislatura.

En un primer momento, el Gobierno planteó hace un año a la Unión Europea que dentro del Plan de Recuperación impulsaría "la armonización de la tributación patrimonial", buscando "aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades". El compromiso incluía "la entrada en vigor" de esta y otras reformas derivadas del Libro Blanco del comité de personas expertas para la reforma tributaria en el primer trimestre de 2023. En este sentido, el comité de expertos académicos conformado por Hacienda apostó por introducir tipos mínimos comunes para todas las regiones en los impuestos de Patrimonio (que Madrid bonifica al 100%, La Rioja al 50% y Galicia al 25%) y Sucesiones y Donaciones (que todas las regiones rebajan en mayor o menor medida hasta su casi supresión entre familiares más directos en ciertas regiones).

Pese a este compromiso inicial, el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea a finales de abril de este año planteaba que "dado el elevado peso que los tributos cedidos a las comunidades autónomas tienen en los recursos del sistema de financiación autonómica", la recomendación del Libro Blanco de acometer una armonización fiscal deberá abordarse en el marco de la negociación abierta por el Ejecutivo central con las comunidades para remodelarlo. "Por parte del Gobierno ya se están dando los pasos necesarios para avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica en aras de alcanzar una financiación que sea justa, suficiente, equitativa y solidaria", reza el documento, aludiendo a la propuesta de reformulación del cálculo de población ajustada, sobre el que se erige el reparto de fondos, que Hacienda hizo llegar a las comunidades en diciembre. A partir de ahí, el Programa de Estabilidad recoge la intención del "Gobierno de abordar esta reforma desde el diálogo y la cooperación con los entes territoriales".

Lo cierto, sin embargo, reconocen fuentes oficiales, es que las respuestas de las comunidades autónomas han sido tan combativas con la propuesta de Hacienda como irreconciliables entre sí, lo que complica seguir avanzando en el proceso de reforma de la financiación y, por ende, en el de la armonización. Paradójicamente, el Gobierno cuenta con el respaldo de la mayoría de territorios para impulsar la armonización fiscal, pero la medida se ve frenada por el desencuentro en torno a la reforma de la financiación autonómica. Concretamente, según recopiló el comité de expertos de la reforma tributaria, "nueve comunidades se pronunciaron favorablemente" a distintas fórmulas de homogeneización tributaria entre territorios (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana), frente a las tres que lo rechazaron frontalmente (Andalucía, Madrid y Murcia, todas gobernadas por el PP) y las dos que se oponen con matices (Galicia y Castilla y León, también bajo gobiernos del PP).

Del lado de la financiación autonómica, la propuesta de Montero pasaba por dar un mayor peso relativo al gasto en Sanidad y Educación a la hora de repartir los fondos, aplicando ajustes por despoblación, dispersión de sus vecinos o insularidad. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calificó la propuesta de "traje a medida" que perjudicaba arbitrariamente a Canarias, Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Andalucía. Esta asimetría ha dado lugar a la conformación de diferentes bloques, unidos por intereses económicos pese a sus claras diferencias políticas, en las que regiones como Madrid y Cataluña se alinean al reclamar más recursos para los territorios que más recaudan rebajando el peso de los ajustes por despoblación y compensando su fuerte concentración de ciudadanos. Del lado contrario, regiones gobernadas por PSOE (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja), PP (Castilla y León y Galicia) y PRC (Cantabria) piden más atención a la España vacía. Incluso territorios como la Comunidad Valenciana, que inicialmente aplaudieron la propuesta de Hacienda, han terminado por criticarla al entender que no compensa los suficiente las regiones peor financiadas, grupo que encabeza junto a Andalucía y Murcia.