Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido con Bruselas a tenerla lista antes de finales de año para acceder a los fondos de recuperación. El descuelgue de la CEOE y Cepyme del acuerdo para subir las cotizaciones sociales del lunes no impedirá que las patronales sigan negociando la reforma laboral y otros aspectos planteados por el Gobierno para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, admite las dificultades para alcanzar un pacto que aún ve viable. “El reto es complejo, pero no imposible”, afirmó.

El calendario empieza a presionar a los agentes sociales para que vayan cerrando los acuerdos necesarios para reformar la legislación laboral. La Comisión Europea sigue de cerca los pasos que da España, que quiere obtener hasta 70.000 millones de euros en subvenciones. Y a pesar de que Bruselas recuerda que la llegada de fondos no depende de que haya acuerdo sino reforma, sí ve con buenos ojos que se cierren pactos que permitan que las reformas sean más estables y duraderas. Con la necesidad de ganar horas al reloj, a partir de ahora no solo habrá reuniones los miércoles, sino también los viernes. “Hemos suspendido todas las agendas para volcarnos en esto”, dijo Díaz.

La reanudación del diálogo social se produce en un momento agrio en las relaciones entre el Gobierno y las patronales. Tras 12 acuerdos entre el Ejecutivo de Sánchez y los agentes sociales, la patronal acabó descolgándose el lunes por unanimidad de la propuesta del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para subir las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales en diez años y llenar la hucha de las pensiones para sufragar las prestaciones que debe recibir la generación del baby boom. La negativa de la patronal –que también había rechazado la subida del salario mínimo— no es un buen precedente para la negociación.

Tampoco el desayuno de trabajo que Pedro Sánchez y todo su equipo económico ofrecieron a los líderes sindicales este martes sentó bien a los empresarios. Sin embargo, han captado el mensaje que le lanza el Gobierno: aunque desea su concurso, puede seguir adelante solo con los sindicatos o, llegado el caso, en solitario. En cualquier caso, cumplirá con las medidas y tiempos pactados con Bruselas. Los jefes de la patronal, además, hacen dos consideraciones: una, entienden que la fijación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) era una prerrogativa del Gobierno, para la que no necesitaba el beneplácito de los agentes sociales, por lo que ni entienden que se les demonice ni lo ven como un motivo para levantarse de la mesa. Y dos, creen que es mejor seguir en las mesas de diálogo para defender su postura a favor de una mayor flexibilidad laboral.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cueva, descartó este martes que el rechazo empresarial a subir las cotizaciones vaya a influir de forma negativa sobre las negociaciones en la mesa que aborda la reforma laboral. Sin embargo, Cueva advirtió de que los documentos que hay sobre la mesa no cuentan con el respaldo patronal. Se refería a la propuesta formulada por el Gobierno para los nuevos ERTE –denominados Mecanismo RED— que incluyen formación para los empleados que deban cambiarse de empresa a causa de una reconversión empresarial o sectorial. La patronal consideró ese texto intervencionista, pero este tampoco gustó a los sindicatos, que lo tildaron de “farragoso” o de “refrito” e instaron al gobierno a reformularla si quieren alcanzar un acuerdo. Los empresarios también quieren sentarse en la mesa cuando surjan otros aspectos clave para las pensiones como el destope de las cotizaciones máximas o el incremento de los años para el cálculo de las pensiones al que se ha comprometido con Bruselas.