El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera necesario prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con un esquema similar al actual a la vista de que va a llegar el verano sin haberse cumplido las previsiones iniciales de vacunación. “Si el ritmo de vacunación fuera como planteábamos que iba a pasar, pero no como está siendo, y hubiéramos llegado al verano, sería interesante ver cómo promovemos que las empresas abran”, señala el presidente de la patronal.
El líder de la CEOE explica que “si seguimos en la misma situación -de retraso en el ritmo de vacunación- y en el verano, tristemente, no somos capaces de llegar a tener abierto el sector servicios deberíamos seguir trabajando en la línea en la que están los ERTE ahora”. Para Garamendi, el esquema actual de los ERTE debe mantenerse hasta que se consiga el “efecto inmunidad” y, en todo caso, este sistema de protección debe durar hasta “el final del tiempo de las restricciones por la pandemia, al menos hasta diciembre, que se está demostrando que es lo que va a pasar”.
El retraso en la vacunación ha sido “un fallo de Europa”, que es la que ha gestionado la compra de la vacuna, dice, aunque la responsabilidad es de todas las administraciones intervinientes, por lo que critica que este asunto “se utilice como un arma política”. “La vacunación está siendo lenta, primero por esa compra de vacunas y, luego, por la confusión sobre si funciona” la desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca, con la cual, asegura, él ha sido vacunado.
Sobre si es necesario prorrogar el estado de alarma, el presidente de la CEOE no quiere manifestarse, lo que sí pide es una “homogeneización” de las restricciones a la movilidad porque hay un Estado, diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas que toman decisiones distintas “y nos deja a todos bastante despistados”. “A las empresas nos sorprende, es un poco liante, unas normas en un sitio y otras en otro, cuando estamos viendo que de una manera u otra las cosas van parecidas”, apostilla.
Preguntado por las últimas propuestas de reforma del sistema de pensiones anunciadas esta semana por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el líder de los empresarios considera necesario que se presenten primero a los agentes sociales. Así, subraya que la “discreción” y el trabajo en la mesa de diálogo social son necesarios para llegar a acuerdos, porque “no me gusta valorar muchas cosas cuando me las encuentro antes en la prensa que en la mesa. Me gusta hablar del diálogo social y no del monólogo social”.
Una de las propuestas del ministro dirigidas a acercar la edad real de jubilación (64,5 años) a la edad legal (66 años) pasa por prohibir la jubilación forzosa, es decir, por permitir al trabajador no tener que jubilarse llegada la edad legal, aunque tenga acceso a su pensión completa, algo que recogen así muchos convenios colectivos. La jubilación forzosa fue un punto de acuerdo entre patronal y sindicatos en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en el que “tanto sindicatos como empresarios vimos que era necesario (…), que es bueno que haya esa edad de jubilación”.