El comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, volvió ayer a pedir a los políticos españoles que se pongan de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y afrontar una reforma que refuerce la independencia del Poder Judicial, permitiendo que sean los jueces los que elijan a los jueces. Reynders hizo su petición, que sonó como un grito en el desierto, después de reunirse en Bruselas con las cuatro principales asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Jueces y Juezas para la Democracia), que representan a poco más de la mitad de los jueces españoles.

“Es muy importante continuar con las discusiones para lograr la renovación del CGPJ con un claro compromiso de una reforma que cumpla con los estándares europeos”, señaló el responsable de Justicia comunitario. Las asociaciones judiciales trasladaron al comisario comunitario su consenso general en dos asuntos: la necesidad de renovación del CGPJ y que cualquier renovación debe llevar aparejado un compromiso de reforma irrevocable. Sin embargo, Jueces para la Democracia y el resto de asociaciones discrepan sobre cuál debe ser el momento en el que debe realizarse esta reforma.

Pese a todo, Reynders mostró su “satisfacción” este acuerdo de las asociaciones de jueces sobre la reforma. Para el comisario la reforma del poder judicial “es un largo proceso” al que considera que “no hay que poner una fecha límite”. “Lo importante es continuar con las conversaciones”, señaló tras admitir que “no es fácil dada la necesidad de una mayoría parlamentaria más amplia que la gubernamental”.

Bruselas lleva meses presionando al Gobierno y la oposición para que alcancen un acuerdo que acabe con el periodo en funciones en el que lleva el CGPJ desde hace casi tres años. Los reiterados llamamientos ponen de manifiesto que Bruselas poco más puede hacer si los representantes políticos no son capaces de alcanzar ese consenso, si alguna de las partes, o ambas, no ceden.

El PSOE y el PP llegaron a tener pactada la renovación, con un reparto casi proporcional de vocales y un presidente de consenso, pero el acuerdo se frustró por una filtración del nombre del presidente y por la irrupción de Podemos, que quería imponer en el nuevo órgano de gobierno a José Ricardo de Prada, magistrado de la Gurtel, sobre el que el Tribunal Supremo consideró que se había excedido con algunas apreciaciones en la sentencia sobre hechos que no estaban siendo juzgados.

Esta actuación de De Prada, que algunos consideran que fue clave en la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy, provocó que el Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional le apartara del juicio de la caja B del PP por “haber destruido su apariencia de imparcialidad”. Con esto, la supuesta idoneidad de De Prada para acceder al CGPJ está en entredicho.

La negativa de PSOE y Podemos a retirar la candidatura de De Prada ha llevado la renovación del CGPJ a un callejón sin salida, del que el Gobierno ha pretendido salir con una propuesta de norma que cambiaba las mayorías necesarias para la renovación, al sustituir los tres quintos necesarios en la actualidad por una mayoría simple.

La reforma suponía de facto someter al Poder Judicial a los designios del Poder Ejecutivo, un movimiento previsiblemente inconstitucional, que además representaba un golpe en toda regla a la separación de poderes. La Comisión lanzó una dura advertencia a Sánchez, que acabó retirando un proyecto de reforma que iba en dirección completamente opuesta a la marcada por la Comisión.

Tras el fracaso de la reforma para controlar a los jueces desde el Ejecutivo, el Gobierno ha maniobrado para intentar forzar la renovación a su medida, con una norma que impide que el CGPJ realice nombramientos cuando está vencido su mandato. Esta limitación sobre un órgano permanente está tensionando toda la situación al provocar un caos en la Justicia, ya que se producen vacantes en muchos puestos claves para su funcionamiento.

Reynders, en cualquier caso, insistió en que “no tenemos una preocupación sobre la independencia judicial en España, sino por la apariencia que se da a la ciudadanía cuando tienes un consejo en funciones y la falta de capacidad para nombrar los nuevos miembros”.