El paquete de medidas tributarias que el Gobierno de coalición ha impulsado en paralelo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 dista mucho de ser la amplia reforma fiscal que el Ejecutivo comprometió con Bruselas dentro del Plan de Recuperación y deja en el aire el acceso de España a un desembolso de 7.000 millones de euros en ayudas comunitarias ligado principalmente a este hito. Así se alerta desde la última edición de Cuadernos de Información Económica, publicada ayer por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), en la que se destaca que las medidas de incremento de la recaudación diseñadas son de corte temporal e insuficientes para hacer frente al relevante incremento del gasto estructural promovido.

"El Presupuesto General del Estado para 2023 combina cambios de diferente calado en las principales figuras tributarias, con la entrada en vigor de nuevos gravámenes. Estas medidas, de carácter esencialmente temporal, quedan lejos de cumplir con el compromiso de reforma fiscal acordado con Bruselas, estando este hito ligado a un desembolso de 7.000 millones de fondos europeos", subraya en su artículo Desiderio Romero-Jordán, investigador del área fiscal de Funcas, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos y antiguo jefe de Estudios de Investigación del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Su análisis, titulado Una valoración de las principales cifras de ingresos y gastos de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, hace referencia al compromiso sellado por España con la Unión Europea de impulsar una reforma tributaria que acerque el umbral de recaudación del país a los estándares comunitarios y armonice la tributación de la riqueza entre sus diferentes territorios autonómicos. Se trata de los objetivos de fondo del Libro Blanco para la reforma tributaria que el Ejecutivo encargó a un comité de expertos académicos pero que terminó guardando en un cajón ante la convulsión económica desatada por el estallido de la guerra en Ucrania.

En su lugar, el Gobierno ha optado por un paquete de medidas tributarias de corte extraordinario, y en su mayoría temporal, para hacer frente a la crisis energética e inflacionista que ha agravado la invasión rusa sobre Ucrania. Sin embargo, como plantea Romero-Jordán, está por ver que la Comisión Europea considere que esa estrategia es suficiente para dar cumplimiento a los compromisos alcanzados en el Plan de Recuperación. La reforma tributaria es el principal hito del listado de reformas estructurales que la UE exigirá a España en el primer semestre de 2023 como condición para seguir desbloqueando el desembolso de los fondos Next Generation, tal y como la reforma laboral, o las dos fases de la reforma de las pensiones, han sido claves en los semestres previos. En otras palabras, la reforma tributaria es la llave del quinto desembolso de transferencias directas europeas, previsto para el segundo semestre de 2023 y que asciende a 7.000 millones.

"La situación económica generada por la guerra, unido a que la legislatura se encuentra en su etapa final -salvo elecciones anticipadas finalizará en noviembre de 2023- hacen prácticamente improbable la aprobación de una genuina reforma fiscal en 2023", pese a que "esta era parte del Componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)" comprometido con los socios europeos, señala el investigador. "Además -agrega-, los cambios introducidos sobre las figuras vigentes tienen un carácter continuista, acorde con el tradicional parcheo al que regularmente se somete al sistema impositivo español". En este sentido, destaca, "el grueso de la mejora recaudatoria generada por los cambios normativos aprobados para 2023 se concentra en un reducido grupo de medidas: los nuevos gravámenes sobre los sectores financiero y de energía, la limitación al 50% de la compensación de pérdidas entre matriz y filial o el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas".

Es más, el análisis del experto destaca que lejos de resolver los tradicionales desequilibrios de las cuentas públicas españolas, como se había prometido a Bruselas, el paquete de ingresos y gastos que rodea al proyecto presupuestario puede agravar el agujero fiscal español. "Existe una disfunción entre incrementos de recaudación en el corto plazo, con un elevado componente coyuntural debido a la inflación y a las medidas temporales aprobadas, frente al crecimiento de gastos de naturaleza estructural. Esta situación es un foco añadido de presión al deterioro del déficit estructural", alerta.

Así, destaca citando cálculos de la Airef, la inflación es responsable del 49,3% del alza de la recaudación de 2022 (15.109 millones) y lo será del 71,4% de la de 2023 (17.326 millones), mientras que "el grueso de las ganancias recaudatorias, resultantes de medidas que entrarán en vigor en 2023, será de carácter temporal, en lugar de ser resultado de una genuina reforma fiscal, tal como fue acordado previamente con Bruselas para el primer trimestre de 2023". Por el contrario, estima, solo la revalorización de las pensiones con el IPC y el acuerdo de incremento de los salarios públicos puede suponer un sobrecoste estructural de 25.000 millones al que habrá que sumar el de la prórroga de las medidas anticrisis, que podría rondar los 18.000 millones.