La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el responsable económico de Unidas Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, firmaron el manifiesto de un centenar de economistas, liderados por el francés Thomas Piketty, a favor de que el Banco Central Europeo (BCE) condone la deuda de los países de la zona euro en respuesta a la pandemia. Sin embargo, la medida, que ha sido rechazada por Bruselas y el propio BCE, no es una prioridad para el Gobierno de coalición español que sustentan dichos partidos.

Así sostuvo ayer, al menos, la vicepresidenta tercera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su participación en las jornadas “Perspectivas económicas 2021”, organizada por el Cercle d´Economia. “La prioridad absoluta en este momento tiene que ser impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo”, expuso Calviño, añadiendo que “en esto nos tenemos que centrar y no en abrir otros debates que no contribuyan al objetivo fundamental”, dijo al ser preguntada sobre la propuesta. “Las políticas fiscal y monetaria han estado muy bien coordinadas desde marzo del año pasado a nivel europeo para responder de forma eficaz a la pandemia e impulsar la creación de empleo y crecimiento económico”, defendió Calviño.

“Esta tiene que seguir siendo nuestra prioridad en las próximas semanas y meses, una buena articulación de política fiscal y monetaria que nos permita cuanto antes impulsar la recuperación económica”, tanto en España como en toda la UE, dijo, dibujando esta senda como la mejor vía para pagar la deuda generada en respuesta a la crisis del Covid-19 (en España ha saltado del 95,5% al 118% del PIB) y salir reforzados de la misma.

Sus palabras han sido la primera reacción oficial del Ejecutivo a una propuesta que ha sido rechazada por las máximas autoridades comunitarias. Así, mientras que el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, rechazó esta opción el viernes recordando que es “ilegal”, por contravenir los tratados europeos, además de carecer de sentido, la propia presidenta de la institución, Christine Lagarde, señaló el domingo que es “inconcebible”. “Si la energía gastada en exigir la cancelación de la deuda por parte del BCE se dedicara a un debate sobre el uso de esta deuda, sería mucho más útil”, declaró, en línea con lo dicho ayer por Calviño, al semanario francés Journal du Dimancheen.

También la Comisión Europea se manifestó ayer en contra de esta alternativa. “La anulación de la deuda por el BCE está prohibido por los Tratados, en especial por el artículo 123 [del Tratado Fundacional de la UE] que lo prohíbe”, zanjó en rueda de prensa en Bruselas la portavoz de Economía y Asuntos Financieros, Marta Wieczorek.

Tampoco la patronal española secunda la propuesta. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se sumó ayer al bando de los agentes económicos que se muestran en contra la condonación de deuda. “Solo con una responsable política”, dijo en referencia a Narbona, “haga una petición como esa genera una duda tremenda”, aseveró Garamendi en una entrevista en Telecinco. En su opinión, “se trata de anuncios muy peligrosos”, que, como poco, “sorprenden” al mercado. Garamendi añadió que son “planteamientos que quedan muy bien en el terreno político y económico pero que en la vida real son inviables” e inquietan “a los socios europeos que hacen las cosas bien y estas cosas no les gustan”.

El monto en juego es especialmente elevado por la pandemia, pero la negativa del BCE a condonar la deuda no es nueva. Actualmente, el BCE tiene en marcha dos programas de deuda pública, denominados por sus siglas en inglés: el APP, activado en 2015, paralizado en 2018 pero reintroducido en 2019, tiene varios componentes, uno de los cuales es la compra de deuda pública. Supone comprar 20.000 millones de activos al mes, a lo que se sumaron otros 120.000 millones activados en marzo de 2020. Poco después el BCE, ante la gravedad de la pandemia, puso en marcha otro programa de compras, el PEPP, separado del primero. Este tiene un alcance de 1,85 billones de euros y durará hasta marzo de 2022, al menos. Actualmente el BCE tiene en cartera 2,5 billones de deuda pública adquirida bajo el APP y otros 0,77 bajo el PEPP. En total, 384.000 millones son deuda española.