Así lo aseveró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el encuentro El debate de la reforma fiscal: un nuevo modelo para una economía diferente. “España se encuentra unos siete puntos por debajo de la media europea en ingresos fiscales respecto al PIB” y su “presión fiscal está lejos de referentes como Alemania, Francia o los países nórdicos, donde el estado del bienestar ha sido un orgullo”, dijo. “El objetivo tiene que ser acercarnos a esa media de recaudación”, avanzó, tanto para “asegurar la igualdad de oportunidades” a los españoles, como porque así lo reclamará la UE a cambio de la ayuda comunitaria.

“Aproximarnos a esos estándares europeos no supone una subida de impuestos generalizada, ni que el Gobierno tenga en la agenda subirlos para el próximo año en 80.000 millones”, prometió. “Es absolutamente imposible que ningún Gobierno tenga esa aspiración”, dijo, rechazando que la reforma en ciernes o el Presupuesto de 2022 suponga “ni hachazo, ni sablazo fiscal”, como promulgan ciertas voces.

La derecha, señaló, “en lugar de abrir un debate sobre a qué modelo tributario debemos dirigirnos”, promueve un “populismo fiscal” basado en “una idea simple: los impuestos son malos, cuantos menos, mejor”. Una tesis que pone en riesgo los servicios públicos, que “no son un regalo como decía una lideresa”, dijo en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “No se puede tener un Estado del Bienestar de primera, con unos ingresos de tercera”, apostilló. “La derecha pide al Gobierno bajadas masivas de impuestos a la vez que le pide que transfiera más recursos a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos”, adujo, mientras que “algunas comunidades hacen gala de bajar impuestos y luego piden dinero a papá o a mamá Estado, piden dinero al Gobierno”.

“La mejora de los ingresos públicos va a venir de la fiscalidad del siglo XXI”, aseguró, y se logrará con subidas progresivas que “tendrán en cuenta la situación económica”, acompasando el ritmo al de la recuperación económica a la hora de “ajustar las figuras tributarias o crear nuevas”, adujo. Esta estrategia, defendió, no ha impedido al Gobierno tomar medidas de rebaja fiscal cuando ha sido necesario, como en el caso de los impuestos ligados a la energía, reducidos en 2.300 millones para contener el alza de la factura que sufre el ciudadano.

Además, anunció, “España ya ha solicitado a la Comisión Europea la prórroga de la exención del IVA para la importación de material sanitario de protección que adquieren las administraciones públicas, centros sanitarios y sociales”. Esta medida expiraba el 31 de diciembre y el Ejecutivo busca así desplegarla durante 2022.

En cuanto al comité de expertos conformado por Hacienda para ayudar a diseñar la reforma fiscal integral, Montero destacó que el foco de su informe, que deberán entregar el 28 de febrero, estará puesto en revisar “la fiscalidad medioambiental; la imposición societaria; la tributación de la economía digitalizada; la fiscalidad de las actividades económicas emergentes y la tributación patrimonial”.

Más allá, Montero alabó el pacto global para fijar un tipo mínimo internacional del 15% a las multinacionales a partir de 2023, y reivindicó que el Presupuesto permita fijar ese umbral para Sociedades en España desde 2022. “Tengo por primera vez la sensación de que de esta crisis vamos a salir con un consenso internacional que permita recuperar el rendimiento de algunas figuras tributarias que con el paso del tiempo han visto su expresión reducida”, dijo. “Si todo va bien, durante el próximo año podremos tener la directiva europea” sobre esta medida, que se espera ver en marcha en 2023 para evitar la competencia fiscal internacional.

En el plano medioambiental destacó los nuevos impuestos sobre residuos y plásticos de un solo uso que tramita el Parlamento; y en el redistributivo abogó por diseñar una “tributación patrimonial más justa” y progresiva.