A casi un mes de que concluya 2021, la economía española se mantiene un 5% por debajo del nivel de marzo de 2020, cuando el Gobierno activó las medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19. En contraste, siempre según la estimación del Consejo, países como Alemania o Francia ya han superado sus márgenes y se encuentran medio y un punto por encima, respectivamente. A este escenario se suman las nada alentadoras previsiones, según las cuales España tardará aún entre tres y cuatro trimestres en recuperar el nivel previo a la primavera pasada.

Su retraso impide, según el informe, que la descongelación de las empresas y del empleo se pueda hacer sin un daño considerable en el tejido productivo a medio plazo. En consecuencia, se espera que para 2022 España se mantenga en el top 10 de los países a nivel mundial con mayor incremento de insolvencias respecto a 2019, con un aumento del 26%, dos puntos más que el año previo.

A pesar de estos altos porcentajes, el CGE advierte que, en términos absolutos, el país es de los que menos proporción de insolvencias tiene en comparación con el resto del mundo, donde Francia ostenta el primer puesto con 50.000 empresas en quiebra. En comparación, la previsión para España es de 4.900. Más allá de estas cifras, en términos generales se observa que la masiva intervención de los gobiernos durante la pandemia ha evitado una ola de insolvencias en el mundo que, sin embargo, volverá a su cauce con la retirada de los apoyos. No en vano se estima que el índice global registre un aumento del 15% anual en 2022, tras las caídas del 6% en este año y del 12% en 2020. En España esta cifra es bastante menor: del 3,3%. Sin embargo, los analistas creen que sin las sucesivas moratorias concursales la tendencia hubiera sido al alza.

Valentín Pich, presidente del CGE ha dicho que la moratoria concursal, prevista hasta el 31 de diciembre de 2021 y que el Gobierno extendió ayer seis meses, ha servido para contener el incremento previsible” de España, que hasta el tercer trimestre de este año había registrado 3.169 concursos, 38 más que en 2020 y 214 menos que dos años atrás. De este total, la mayor parte corresponde a autónomos, que acaparó casi 1.500 casos en lo que va de año. Las cifras muestran además que hasta 2020, la empresa mayoritaria en España en el ámbito concursal era la micropyme, con el 53% de total de estos procedimientos. Su peso en la economía nacional, según Pich, hace urgente la implementación de mecanismos de reestructuración para evitar que terminen en liquidación. Pese la advertencia, el economista no cree que haya una “avalancha concursal tan elevada” una vez finalizada la moratoria.

España es el país europeo con menor ratio concursal: solo 13 de cada 10.000 empresas presentan concurso de acreedores, muy por debajo de la media europea que está en torno a 52 compañías por cada 10.000. Esta diferencia se debe, en gran medida, a la dificultad que existe para acceder al procedimiento legal. En ese sentido, el CGE ha destacado que el Anteproyecto de Ley de Reforma Concursal presenta mejoras en cuanto a la detección de la probable insolvencia y el fomento de las reestructuraciones y que las competencias en concursos de personas físicas hayan vuelto a los juzgados de lo mercantil. No obstante, el organismo considera que sigue habiendo aspectos a mejorar, como el excesivo peso del papel del deudor en los procedimientos para microempresas y la desregulación de los profesionales de la insolvencia.