España tiene 11,5 jueces por cada cien mil habitantes frente a los 17,7 de media europea. En lo que respecta a los fiscales, hay 5,2 por el mismo número de personas, mientras que el promedio está en 11,25. Así se desprende del informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia de 2020.

Se trata de unos datos que contrastan con los de Portugal, por ejemplo, que tiene 19,3 jueces y 13,5 fiscales por cada cien mil habitantes, o con los de Alemania, donde hay 24,5 jueces y 7,1 fiscales. En situación parecida a la nuestra está Italia, que tiene 11,6 jueces y 3,7 fiscales, y Francia, que dispone de 10,9 jueces y 3 fiscales.

Pese a que España tiene un déficit evidente en el número de estos servidores públicos, está por encima de la media europea en la cantidad de pleitos que enfrentan a ciudadanos y empresas en primera instancia. El promedio se sitúa en 2,2 litigios por cada cien habitantes, si bien España tiene 2,7, según datos de la Comisión Europea. Francia se encuentra dentro de los límites e Italia tiene 2,6 causas. Solo el año de la pandemia entraron más de cinco millones y medio de asuntos en los órganos judiciales nacionales, de los que deben conocer los poco más de cinco mil jueces que hay en total, como reflejan las cifras del Poder Judicial.

Esta situación explica que los tribunales se enfrenten a problemas de “eficiencia, condicionada por unos procedimientos judiciales cada vez más largos”, en palabras de la Comisión Europea al valorar la situación del Estado de Derecho de España el año pasado. El cálculo es sencillo: “Si tienes muchos asuntos y pocos jueces, se retrasa la solución que da el juzgado. Y una Justicia lenta se aleja de la idea de Justicia”, argumenta Judge The Zipper, un conocido magistrado en la red social Twitter.

A modo de ejemplo, en junio se hizo popular la decisión de una letrada de la administración de justicia, que adelantó un procedimiento urgente por despido fijado para 2024 a cuando quedase “hueco en la agenda”. El trabajador temía no poder cobrar la indemnización pasados tres años desde el señalamiento porque la empresa ya había sido declarada en concurso de acreedores.

Lamentablemente, este caso no es una excepción. “El tiempo de tramitación de los asuntos civiles, mercantiles y administrativos en primera instancia ha ido en aumento desde 2016. Es especialmente largo en los asuntos civiles y mercantiles ante el Tribunal Supremo, donde supera los 600 días. Además, está disminuyendo la tasa de resolución. El número de asuntos que entran en el sistema judicial es mayor que el número de asuntos que se resuelven, por lo que se generan retrasos, y este fenómeno va en aumento”, advierte la Comisión Europea en su informe.

Aunque los jueces afirman que les gustaría “dedicarle a cada asunto el tiempo necesario” para que la decisión final sea la mejor de las posibles, en la práctica tienen que hacer “malabares”, dice el magistrado Judge The Zipper. Como resultado, a veces les entregan a los ciudadanos “un boceto” en lugar de “un dibujo”.