El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha situado la horquilla del aumento para la pensión máxima entre el 15% y el 20%. Mientras, fuentes del Ministerio otorgan peso a una subida de entre el 20% y el 30% del tope de las bases de cotización. La actual pensión máxima supera los 39.000 euros y, con la revalorización con un IPC medio esperado del 8,5%, verá superados los 42.000 euros anuales repartidos en 14 pagas. Mientras tanto, el límite de las aportaciones a la Seguridad Social en forma de cotizaciones se verá ampliado de los aproximadamente 49.000 euros anuales hasta los 54.000, según recogen los Presupuestos del próximo año.

Ambas subidas, tanto la de las pensiones -que será "de forma gradual y suave", según ha explicado Escrivá en varias ocasiones- como la de las bases máximas, se realizarán descontando las subidas ya previstas de 2023 y tienen el foco puesto en el largo plazo, como un periodo transitorio para alcanzar el nivel de aportación de otros países europeos.

Con el pretexto de estos dos cálculos, la reforma tiene una clara orientación de refuerzo de los ingresos a lo largo de unas décadas en las que la presión de la generación del baby boom elevará el gasto en pensiones sobre el PIB en hasta 4 puntos a mitad de siglo según el último Ageing Report de la Comisión Europea, el punto más crítico para las cuentas de la Seguridad Social financieramente hablando.

Supondría una brecha de hasta diez puntos entre ambas subidas en el caso de que la reforma culminase sobre el año 2050 y siguiendo la hoja de ruta del Gobierno. La pensión máxima se situaría sobre los 50.000 euros anuales, mientras el denominado destope ampliaría las bases máximas a los 65.000-70.000 euros al año.

La negociación aún se mantiene fuera de la mesa, con acercamientos informales para conocer las pretensiones de las distintas partes y sin propuesta firme. A la complejidad de las medidas, se une un calendario cada vez más estrecho. A falta de mes y medio para cerrar la reforma, la patronal CEOE-Cepyme confirma que no han recibido una propuesta firme para subir las bases de cotización máxima y desconocen en qué condiciones se hará. Y, recordemos, es una medida a la que se oponen porque carga más costes laborales a las empresas.

Así, en privado, fuentes conocedoras de la negociación trasladan su malestar por el retraso que acarrea una reforma que requerirá de grandes cesiones, a la vista de las diferencias de cada parte. También lo han venido recalcando todos los agentes sociales -CEOE y sindicatos- de forma pública, que ven peligrar los plazos de una reforma que, de por sí, ya es complicada de tratar por las posturas distantes entre los agentes sociales y el Gobierno.