El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentó ayer en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo la propuesta que el Gobierno está negociando con los agentes sociales para sacar adelante un primer paquete de medidas de reforma de pensiones orientadas a retrasar la edad media a la que se jubilan los trabajadores en España. Entre estas medidas, Escrivá anunció su intención de crear nuevos incentivos monetarios para quien siga trabajando más allá de la edad legal de jubilación.

En concreto ha propuesto abonar una prima que se abonaría de una sola vez por una cantidad hasta casi 11.000 euros (en el caso de las rentas más altas con bases máximas de cotización) por cada año que se retrase la jubilación. En el caso de que el trabajador haya cotizado al menos 44,5 años o más, este incentivo alcanzaría los 12.060 euros por cada año de aplazamiento.

Así, por ejemplo, según las cifras que maneja la Seguridad Social, en una pensión de 9.569 euros (683 euros al mes) este pago único sería de 4.786 euros y de 5.265 con más de 44,5 años cotizados. Mientras que en una pensión media nueva (del orden de 20.000 euros al año), esta prima única sería de 7.482 y 8.230 euros, respectivamente en función de los años cotizados.

Si bien entre estos incentivos, el trabajador podría optar también por, en lugar de cobrar esta cantidad a tanto alzado, elegir un incremento del 4% de la base reguladora de su pensión por cada uno de estos años que retrase su retiro (en la actualidad este incentivo está entre el 2% y el 4%). O, igualmente, podría optar por una tercera vía que mezclara estas dos posibilidades, una parte como pago único y otra como incremento de la pensión vitalicia.

Junto a estos incentivos para quienes opten por la denominada jubilación demorada y sigan trabajando más allá de la edad de jubilación (entre 65 y 66 años en 2021), Escrivá ha propuesto otras tres medidas para retrasar la edad efectiva o edad media real a la que se retiran los trabajadores fijada ahora en 64,5 años. La segunda de estas medidas consiste en modificar los coeficientes penalizadores de la jubilación anticipada voluntaria, de forma que castiguen más a las rentas altas que optan por este retiro temprano.

Estos cambios que pretende operar Escrivá y que aún no están cerrados, según ha precisado el ministro, persiguen ejecutar varios cambios sobre los coeficientes penalizadores que se aplican para recortar la cuantía de las pensiones de quienes se retiran antes. En primer lugar, quiere que dichos recortes se apliquen por cada mes que se anticipe el retiro y no por cada trimestre, como ocurre en la actualidad. Esto penalizaría más, con mayores recortes de la pensión a quienes se jubilarán con 24 y 23 meses de antelación respecto a la edad legal.

Pero, además, el ministro quiere que estos coeficientes no se sigan aplicando a la base reguladora, como se hace ahora, sino que el recorte pase a aplicarse directamente sobre la pensión. Esto perjudicará a las rentas más altas ya que el recorte actual sobre la base hace que luego, la penalización efectiva sobre la pensión se reduzca al entorno del 2% anual frente al 8% real que sufren las rentas medias y bajas. No obstante, para lograr el respaldo de los agentes sociales, el equipo del ministerio habría aceptado a aplicar estos ajustes de forma progresiva a lo largo de cinco años.

Asimismo, el Gobierno pretende aplicar los coeficientes penalizadores de la jubilación forzosa (algo más generosos) a quienes accedan a la jubilación tras el cobro del subsidio de desempleo durante un número determinado de años. En tercer lugar, el ministro está negociando con los agentes sociales varias limitaciones de la jubilación parcial (que permite trabajar menos horas en los años próximos a la jubilación y luego no ver penalizada su pensión cuando acceden al retiro ordinarios). En este caso, Escrivá pretende que los recortes de jornada no se puedan concentrar en un solo año, sino que dicha concentración solo pueda llegar al 60% en el primer ejercicio. Prevé, además, prohibir este retiro en determinados sectores, que no ha citado.

Finalmente, para que todas estas medidas puedan aplicarse, el Gobierno negocia la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos. Si bien, Escrivá ha dicho que se mantendrán en todos los convenios que ahora existen (para un millón de trabajadores en la actualidad) durante el resto de su vigencia. Y, una vez terminen dichos convenios, se plantea también un periodo transitorio para su desaparición definitiva.

Junto a estas medidas para retrasar la edad de jubilación, el Ejecutivo mete en este primer paquete que Escrivá quiere sacar adelante este primer paquete de medidas cuanto antes en el diálogo social para poder tramitarlo en el Parlamento en la segunda mitad de año y que esté en vigor a final de año, la nueva fórmula para revalorizar las pensiones anualmente. En este punto, el ministro ha explicado que se revalorizarán con el IPC del año anterior y se actualizarán la diferencia con la inflación final. Si algún año los precios caen, esta contracción no se aplicará a las pensiones, pero sí servirá para mitigar las subidas de los tres años posteriores, de forma que solo mantengan el poder de compra, sin ganancias, salvo las pensiones mínimas.