El Gobierno ha enviado a la Comisión Europea una propuesta de reforma de las pensiones que toca nueve cuestiones de cómo se gestiona ahora la Seguridad Social y cómo se calculan las pensiones. Entre los cambios que propone el Ejecutivo en este documento, hay algunos de calado, como la creación de un nuevo mecanismo «de equidad intergeneracional» que podría vincular la fórmula por la que se calculan las nuevas pensiones o la edad de jubilación a la esperanza de vida y/o al equilibrio entre pensionistas y ocupados. O también la posibilidad de destopar progresivamente las bases máximas de cotización e incrementar proporcionalmente las pensiones máximas también.

Asimismo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado reiteradamente en las últimas horas que estas fichas enviadas a Bruselas, no incluyen la ampliación de 25 a 35 años del periodo de cómputo que se toma para calcular las pensiones. Sin embargo, una de las reformas que plantea en materia de Seguridad Social, no solo deja abierta esa posibilidad, sino que la defiende para que se aplique dicha ampliación del periodo de cálculo –sin concretar cuántos años– «de manera progresiva a partir de 2023».

En concreto, Escrivá retoma en este documento su propuesta de ampliar dicho número de años que se toman para determinar la cuantía de la pensión inicial, su idea de combinar esta ampliación con «la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora cuando se supere este umbral, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional».

Esto significa, que el planteamiento de Escrivá no se limitaría a ampliar el periodo de cálculo, lo que se traduciría claramente en un recorte de las nuevas pensiones, sino que intentaría mitigar esta disminución de las prestaciones, al menos en las largas carreras de cotización, a las que les permitiría eliminar de su base reguladora algunos de los peores años de cotización. A esto le añadiría una nueva regulación, más protectora, se deduce, de la compensación de las lagunas de cotización (años en los que el trabajador no cotiza por estar en el desempleo durante las crisis o por estar en excedencia por cuidado de hijos, por ejemplo).

Además, en un cuadro justificativo de esta medida, el equipo de Escrivá asegura que la ampliación del periodo de cómputo de la pensión «tiene adecuado encaje en la recomendación 11 del Pacto de Toledo», algo que han negado reiteradamente empresarios y sindicatos.

En dicha recomendación, dónde los parlamentarios apuestan por mejorar la contributividad del sistema se indica que «cabría valorar la posibilidad de la inclusión de medidas que, con carácter excepcional, reconozcan la capacidad del beneficiario para descartar algún año concreto del periodo de cálculo ordinario o para escoger el específico tramo de la carrera de cotización sobre el que va a aplicarse la fórmula de cálculo para la determinación de su pensión». Y, dado que Escrivá quiere combinar la ampliación del número de años con una suerte de sistema de elección o descarte de los peores ejercicios cotizados, la medida que propone el Gobierno sí entraría dentro de dichas recomendaciones parlamentarias.