El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, critica la rebaja fiscal aprobada por la Junta de Andalucía y aboga por centralizar los impuestos para evitar el "despropósito" de la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Las medidas fiscales aprobadas por la Junta de Andalucía han provocado las críticas del Gobierno y otros partidos políticos, que se han mostrado a favor de la armonización fiscal para impedir lo que consideran una competencia a la baja que perjudica a algunas comunidades autónomas.
En este sentido, representantes de partidos políticos como PSOE, Unidas Podemos, ERC, Más País y Compromís, así como presidentes autonómicos como Miguel Ángel Revilla, de Cantabria, y Javier Lambán, de Aragón, se han mostrado partidarios de una armonización fiscal que impida a las comunidades gobernadas por el PP hacer dumping fiscal.
Sin embargo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ayer fue un paso más allá y, tras opinar que la eliminación de Patrimonio es una política "extraordinariamente regresiva", se mostró a favor de recentralizar impuestos para evitar el "despropósito de que las comunidades se dediquen a competir fiscalmente unas con otras".
Las palabras de Escrivá fueron matizadas por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que señalaron que el ministro habló a título personal y garantizaron que el Ejecutivo no tiene intención de centralizar impuestos.
En cualquier caso, Escrivá fue respondido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que advirtió que será "la peor pesadilla" de quien intente subir los impuestos. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha replicado a las críticas de los socialistas recordando que Zapatero eliminó Patrimonio entre 2008 y 2011.
Tampoco han sentado bien las palabras de Escrivá en Cataluña, donde la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, y el presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, han criticado tanto al ministro como a Moreno Bonilla por su llamamiento a los empresarios catalanes. Además, el portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiria, recordó que cualquier cambio que afecte a Euskadi en las competencias sobre fiscalidad requiere un acuerdo bilateral.