La subida de las bases máximas de cotización un 8,6% el año que viene ha levantado ampollas entre los empresarios, ya que eso significa que se elevan en ese porcentaje sus aportaciones a la Seguridad Social por sus empleados de mayor rango salarial (unos 54.000 euros brutos anuales en 2023). Tras conocerse este incremento, la patronal CEOE-Cepyme emitió el viernes un duro comunicado que ha sido respondido por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien ha asegurado que la reacción empresarial le resultó "muy desconcertante y sorprendente", al considerar que el Gobierno venía hablando con los empresarios de este asunto durante meses.

De hecho, Escrivá ha defendido hoy que la intención de su departamento es que, a partir de ahora, las bases máximas de cotización a la Seguridad Social suban todos los años como mínimo lo mismo que las pensiones, esto es el promedio de la inflación anual de cada ejercicio. "Eso es lo justo y, además, lo más predecible para los empresarios" ha defendido hoy el ministro quien, ha enmarcado esta futura vinculación de las bases máximas a lo que suban las pensiones (IPC promedio anual) en el escenario de negociación de la segunda y última fase de reforma de la Seguridad Social que discute el Gobierno con patronal y sindicatos actualmente.

En concreto, según se deduce de las palabras de Escrivá, su intención es que la segunda fase de la reforma de pensiones que debe incluir según lo pactado con Bruselas un proceso de eliminación de los topes máximos de las cotizaciones –de forma que todas las retribuciones salariales estén sujetas a cotización en el horizonte de 2050– recoja una senda, fijada por ley, en la que las bases máximas suban como mínimo la inflación promedia anual y, además, se añada un porcentaje adicional cada año hasta la eliminación total de los topes. Si bien, esta cuantía añadida no empezará aplicarse aún en 2023, sino cuando se pacte en la negociación.

En paralelo, el Gobierno y los agentes sociales deberán pactar los incrementos de las pensiones máximas, "en un porcentaje similar, pero no el mismo que lo que suban las bases", ha explicado el ministro, ya que habrá que "jugar" con la sostenibilidad del sistema, dejando así claro que seguirá existiendo una pensión máxima, aunque se eliminen los topes de las bases.

No obstante, consciente de que esta reforma está siendo negociada con los agentes sociales, Escrivá confió en que los empresarios acepten este proceso de destope progresivo de las bases teniendo en cuenta que sus subidas mínimas en próximos años que estén vinculadas a la inflación retornarán pronto a niveles normales del entorno del 2% a lo que habrá que añadir el porcentaje anual adicional que se establezca en la negociación.

En cualquier caso, Escrivá no ha encontrado razonables las quejas patronales porque ha rechazado de base el argumento patronal de que esta subida de las bases máximas socava la productividad de las empresas. En su opinión, los datos que hay hasta ahora es que ni las empresas exportadoras están subiendo sus costes más que las compañías de países del entorno español ni las que no exportan están recortando sus márgenes por el efecto de la inflación. "Las noticias que tenemos es de mantenimiento cuando no fuerte aumento de márgenes, como es el caso de las energéticas" ha dicho Escrivá tras lo que se ha mostrado seguro de que "en España no hay un problema de costes laborales unitarios".

De hecho, la Seguridad Social calcula que el incremento adicional de las bases máximas rondará los 600 millones de euros en un presupuesto de más de 152.000 millones de ingresos que el sistema prevé recaudar el próximo año, según ha precisado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, quien cifró en un 0,4% del presupuesto esta medida.