Con el permiso previo del Gobierno, las comunidades autónomas podrán cambiar el objetivo de los edificios y terrenos de la Seguridad Social, siempre que sean para utilidad pública.

La Seguridad Social podrá traspasar la gestión de sus inmuebles y terrenos a las comunidades autónomas, con el fin de incrementar su utilidad para mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Con ello, el Gobierno quiere atender una demanda de las administraciones territoriales que a menudo le reclaman poder tomar decisiones sobre hospitales, otras dependencias y terrenos de la Seguridad Social.

Por ejemplo, poder hacer obras en los centros, edificar locales de atención u otros hospitales en terrenos que están sin edificar, pero que pertenecen a la Seguridad Social. En algunas ocasiones, estos terrenos están en el corazón de las ciudades, sin que los ayuntamientos ni las comunidades autónomas puedan hacer nada porque necesitan el permiso de la Seguridad Social.

El proyecto del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, está en una enmienda que el PSOE ha introducido en el Proyecto de Ley de medidas que, entre otros fines, buscan la sostenibilidad económica en el transporte, becas y ayudas al estudio, y la reducción de la dependencia energética del gas natural.

La norma fue aprobada por el Gobierno como Real Decreto Ley el pasado mes de julio, y está en proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados.

La enmienda socialista modifica varios artículos de la Ley General de la Seguridad Social sobre la gestión del patrimonio del sistema. Y sostiene que, sin cambiar el hecho de que los bienes inmobiliarios son de titularidad y propiedad de la Seguridad Social, "resulta oportuno prever que también puedan atender, puntualmente, otros fines de utilidad pública encomendados a otras administraciones públicas".

La enmienda también autoriza al titular del ministerio a cambiar el destino o el objetivo de esos bienes inmuebles, siempre que "se dediquen a un fin de utilidad pública". "Con ello -explica el PSOE- se busca maximizar la disposición y utilización de los referidos inmuebles, contribuyendo, desde esta perspectiva, a facilitar la mejora del bienestar de los ciudadanos. Este es el objetivo que constituye el fin más elevado al que deben aspirar todos los poderes públicos".

Así, la propuesta afirma que "los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social, que no resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines, podrán ser cedidos gratuitamente en uso para fines de utilidad pública o de interés de la Seguridad Social por el titular del ministerio (…) a propuesta de la Tesorería General, previa comunicación a la Dirección General de Patrimonio del Estado".

No obstante, la Ley General de la Seguridad Social prevé que los inmuebles revertirán al sistema de protección en el caso de que las comunidades autónomas no los utilicen para lo que fue previsto en el acuerdo de adscripción o traspaso con el ministerio.

En esa eventualidad, la comunidad autónoma tendrá que pagar los impuestos que correspondan al inmueble hasta que finalice el ejercicio en el que se produce la reversión.

El propio Escrivá ha explicado en alguna comparecencia pública el sentido del traspaso que pueda hacer la Seguridad Social a las comunidades autónomas de bienes que no está usando. "La Seguridad Social debe poner el foco en la protección social, en la revalorización de las pensiones, en el Ingreso Mínimo Vital, en los ERTE y otras prestaciones que protegen al tejido productivo y a los ingresos de los ciudadanos en momentos como la pandemia o la compleja situación internacional que nos está tocando vivir; no está para gestionar un patrimonio al que no está dando uso", dice el ministro.

Precisamente, Escrivá ratificó ayer, en el Senado, su intención de subir de forma "muy gradual y suave", en los próximos años, la pensión máxima, a medida que aumentan las correspondientes bases de cotización. Debido a la inflación, las pensiones, y las bases máximas, subirán el próximo año un 8,5%.

En una jornada de la publicación '65 y más', el ministro también abordó la ampliación del periodo de cálculo de la cuantía de la pensión, que en 2022 ha llegado a 25 años. Una reforma que quiere favorecer que el trabajador que se va a jubilar pueda escoger los mejores años de cotización para no perder pensión. "Si alguien quiere que se tenga más en cuenta toda su vida laboral por sus últimos años mejores, hay que mirar la longitud del periodo de cómputo, pero también la posibilidad de eliminar los peores años y también trabajar el tratamiento de las lagunas [de cotización], como cuando una persona no está en el mercado", explicó el ministro.

Escrivá también trabaja en incentivar que más trabajadores puedan permanecer activos, tras cumplir la edad de jubilación. Para ello quiere mejorar la jubilación parcial. Como adelantó EXPANSIÓN el pasado día 2, trabaja en aplicar a estos trabajadores el complemento que reciben quienes se jubilan completamente años después de haber cumplido la edad legal de retiro. Este año está entre los 65 y los 66 años y dos meses, en función del tiempo cotizado. El complemento consiste en subir la pensión de forma adicional un 4% por cada año de retraso en la jubilación. O bien, una prima adicional por cada año o una combinación de ambas medidas.