El ministro de Inclusión y Seguridad Social aboga por "la prolongación de la vida laboral" para sostener las pensiones y, ante la empresa familiar, arremete contra los esquemas de jubilación anticipada, a veces muy "agresivos". Mientras organismos como el Banco de España insisten desde hace tiempo en que la sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa por ajustes tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, e incluso su gobernador, Pablo Hernández de Cos, sugirió recientemente que solo las pensiones mínimas se revaloricen con el IPC, el Gobierno defiende a ultranza seguir haciéndolo con la inflación para preservar el poder adquisitivo de los mayores, porque los pensionistas "no tienen ya capacidad de reacción y de reajustarse".

Así lo afirmó ayer el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante la clausura de la Asamblea anual del Instituto de la Empresa Familiar, en la que, si bien aseguró no ser partidario de esa indiciación en otros ámbitos de la economía, sí lo es en el de las pensiones, "ya sea con salarios, ya sea con el IPC". Una afirmación que se produce en un contexto en el que, mes tras mes, el gasto en pensiones bate nuevos récords, hasta superar la nómina mensual los 10.700 millones en abril.

En opinión del ministro, "lo que hay que hacer es asegurarse de que el sistema de pensiones sea absolutamente sostenible" y para conseguirlo defiende que la "medida más eficaz" es "la prolongación de la vida laboral". Esto no significa que el titular de la Seguridad Social abogue por retrasar aún más la edad de jubilación; de hecho, recordó que en 2011 el Gobierno, entonces bajo la batuta de José Luis Rodríguez Zapatero, ya retrasó de 65 a 67 años la edad legal de retiro a partir de 2027. Pero sí buscando fórmulas para aproximar la edad real de jubilación, que en la actualidad ronda los 64,5 años, a la edad legal y estimular la extensión de la vida laboral activa más allá de la edad de retiro.

Escrivá anticipó ayer, durante su participación en otro acto, el V Encuentro de Economía Sénior, que su departamento trabaja ya en nuevos incentivos tanto para la jubilación activa, en la que se compatibiliza el empleo con el cobro de una pensión, como para la jubilación parcial. "Los incentivos son fundamentales en la vida", aseguró el ministro. Esos nuevos acicates, que el ministro no precisó, se sumarán a los que ya se han incorporado a la reforma de las pensiones para posponer la edad de jubilación: una subida del 4% por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una combinación de ambos.

En este contexto, el ministro criticó con dureza las jubilaciones anticipadas, porque "en el fondo es una forma de pasar los costes de reestructuración empresarial a la Seguridad Social con esquemas de jubilación anticipada a veces muy agresivos". Lo hizo ante una nutrida representación de la empresa familiar, ante la que añadió que España es, con diferencia, el país de Europa con la "tasa de actividad más baja entre 55 y 75 años", lo que tildó de "anomalía".

Escrivá anticipó ayer que la negociación con los agentes sociales para el destope de las cotizaciones máximas es inminente, lo que presumiblemente traerá consigo también una subida de las pensiones máximas. Y defendió ante la empresa familiar que el nuevo factor de ajuste de las pensiones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), esencialmente una subida de 0,6 puntos en las cotizaciones entre 2023 y 2032, "no afecta a la competitividad de las empresas", ya que, según el ministro, pasará de 20,9 euros por persona en costes laborales a 21 euros.