El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró este jueves, en plena polémica por la reforma consensuada con la Comisión Europea para modificar el periodo de cómputo de las pensiones, que a un 30% de los trabajadores españoles, normalmente con carreras “muy volátiles” o con lagunas de cotización, no les beneficia el actual sistema de cálculo. La razón, esgrimió el ministro, es que la cuantía a recibir se cuantifica sobre los últimos años de cotización, sin que estos sean los mejores, es decir, los de mayores ingresos. El resultado, resumió, es que las pensiones son menores.

Esta es la razón, detalló Escrivá en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, por la que España ha cerrado con Bruselas una reforma del periodo de cálculo, recogida tanto en el Acuerdo de Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación (Operational Arrangemente, OA, en sus siglas en inglés) –hecho público esta semana– como en el documento firmado con Bruselas hace ya casi un año.

Lo que se ha planteado en todos los documentos remitidos a Bruselas y a lo que se ha comprometido el Gobierno, dijo Escrivá, es a estudiar cómo introducir mayor equidad en el sistema de cómputo ante las nuevas realidades del mercado laboral, donde las carreras profesionales ya no son tan lineales, que es además lo que ha pedido el Pacto de Toledo en sus recomendaciones, precisó. Escrivá, por ello, mostró su “absoluta perplejidad” porque este miércoles, cuando se publicó el OA, se señalase como novedosa una medida que figura en los documentos oficiales “desde el principio”.

Para introducir esta mayor equidad, recordó el ministro, las fórmulas podrían ser varias. Entre ellas se encuentra la posibilidad de extender el periodo de cálculo a más años y descartar los peores años cotizados y escoger solo los mejores. Hace aproximadamente un año, de hecho, la cartera de Inclusión y Seguridad Social puso sobre la mesa la posibilidad de extender este periodo hasta los 35 años, una medida que, en general, perjudicaría a los trabajadores por incluir en el cálculo más años de cotización, normalmente vinculados a salarios y cotizaciones más bajas.

Con todo, eso solo fue una idea que rondó sobre la mesa, recordó el ministro. “Tenemos que hacer cálculos y analizar las distintas realidades laborales. Es lo que nos hemos comprometido a hacer durante 2022 (…) Existe la posibilidad de que, de ese análisis, a algunas personas se les extienda el periodo de cálculo para que sus últimos años no sean los que se tomen porque son peores”, insistió Escrivá, que reconoció que la ampliación progresiva del periodo de cálculo a 25 años, y que concluye el próximo año, ha contribuido a una reducción agregada del gasto. Con todo, dejó claro que lo comprometido con Bruselas “no va de reducir el gasto, sino de introducir equidad en el sistema”.

Los dos sindicatos mayoritarios, mientras se concretan las propuestas del Gobierno, aseguraron ayer que “en ningún caso van a admitir ninguna medida que implique un recorte en las pensiones, tal y como supone ampliar el periodo de cálculo de las pensiones que se ha anunciado”. Para CCOO y UGT es “incomprensible esta oscilación constante de mensajes y posiciones del Gobierno sobre cuestiones tan sensibles, que ni siquiera están recogidas en las recomendaciones del Pacto de Toledo votadas en el Congreso en noviembre de 2020”. Ambos sindicatos emplazaron al Ejecutivo a cumplir cuanto antes lo pactado en el acuerdo.

La reforma del cómputo de las pensiones forma parte del componente 30 del Plan de Recuperación, del que depende el cuarto desembolso de los fondos, que se espera para inicios del año 2023 y asciende a cerca de 10.000 millones de euros.