Quince patronales se han sublevado contra los criterios de Hacienda para repartir el paquete de ayudas directas de 7.000 millones a las compañías afectadas por la crisis sanitaria del coronavirus. En un comunicado conjunto denuncian la “restrictiva interpretación” de Hacienda que ha hecho sobre el decreto redactado por Economía sobre las ayudas directas. “Impide el acceso a los autónomos y empresas que han venido cumpliendo sus obligaciones con sus proveedores”, denuncia César Gutiérrez, presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave).

Esta patronal es una de las quince firmantes, junto a la hotelera (Cehat), la de transporte por carretera (Fenadismer), la de transporte por autocar (Anetra) y otra de agencias de viajes (UNAV), entre otras, que reclaman que para que las ayudas sean reales y efectivas es fundamental que Hacienda modifique urgentemente las instrucciones enviadas a las comunidades autónomas.

El conflicto arranca cuando Hacienda empieza a negociar a principios de marzo con las autonomías el borrador de convenio necesario para tramitar las ayudas fijadas por el decreto. El artículo 1 del decreto redactado por Economía establecía que “las ayudas directas tendrán carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles”. Las patronales recalcan que Madrid fue la primera autonomía que firmó el convenio en marzo de 2021, y que la aplicación del mismo deparó una sorpresa inesperada. “El decreto limitaba el cobro de las ayudas directas al impago de facturas o de costes fijos”, recalca Gutiérrez, que confirma que el resto de autonomías (ya hay trece que han sacado la convocatoria) han seguido el mismo camino.

Los firmantes del manifiesto empresarial critican ese cambio de criterio de Hacienda. “¿Qué autónomo o empresa puede permitirse estar 16 meses sin pagar sus facturas y seguir con su actividad? La restrictiva interpretación de Hacienda resulta indignante e incluso insultante, por lo que tiene de penalización con respecto a los incumplidores para todos aquellos que han comprometido su patrimonio personal o de la empresa para hacer frente a sus obligaciones no recurriendo a endeudarse, incluso porque ni siquiera han podido tener acceso al endeudamiento”.

Desde el departamento que dirige María Jesús Montero rechazan las acusaciones empresariales y descartan que hayan hecho una reinterpretación restrictiva de la norma. “Hacienda no es quién interpreta el real decreto ley de Economía. No existe ninguna instrucción”, resaltan. Otra de las críticas empresariales se refiere al hecho de que también se priorice la reducción de la deuda con la devolución de los créditos ICO, con aval de la banca, lo que supone, en su opinión, una reducción del riesgo para la banca y para el Instituto de Crédito Oficial. “Cuanto menos impagos haya y más dinero se haya devuelto, la exposición de la banca, que es la que aporta el dinero, y la del ICO, que contribuye con los avales, será menor”.

El presidente de Fetave resalta que el reparto de ayudas tiene dos graves problemas. “Además de ser una interpretación injusta por premiar el incumplimiento de la ley antimorosidad, también reduce el riesgo del ICO y de la banca, pero no es la ayuda directa a autónomos y empresas solicitada”, recalca Gutiérrez. “Esa interpretación es un agravio comparativo inexplicable contra quienes más han hecho por mantener la actividad, incluyendo autónomos que directamente han dejado de percibir su remuneración de la empresa para poder hacer frente a pagos a terceros, o empresas que han utilizado todos sus fondos propios para resistir y hacer frente a sus pagos de forma responsable”.