España se enfrenta al reto de asumir un alza del salario mínimo interprofesional (SMI) que, si el Ejecutivo cumple su promesa de llevarlo a la línea del 60% del sueldo medio en 2023, experimentará un aumento de en torno al 60% en siete años desde los 655,20 euros en los que se hallaba en 2016. El Gobierno usa como referencia el informe del comité de expertos contratado por Trabajo para analizar cómo debe de ser la senda de incremento, en el cual se contempla aumentar los sueldos más bajos hasta una horquilla de entre 1.011 y 1.049 euros.
Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas (la Fundación de las Cajas de Ahorro), considera que “no es descabellado” el umbral del 60% del sueldo medio, ya que “por debajo de ese nivel los efectos sobre el empleo son reducidos”. Sin embargo, advierte de que superar esa barrera “puede tener efectos nefastos para el mercado laboral, sobre todo para jóvenes y personas poco cualificadas”. “El problema es que hay empresas que están en una situación financiera muy deteriorada. Si se hace algo así, es importante que a la vez se despliegue el plan de ayudas directas a empresas [los 7.000 millones de euros que el Ejecutivo ha destinado a autónomos golpeados por la crisis], que por ahora se ha usado bastante poco”, añade Torres.
“No hay certeza de que un aumento del SMI destruya empleo, pero hay certeza de que no favorece su creación”, explica, por su parte, Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, que señala al informe del Banco de España, publicado en junio, sobre el impacto del alza del SMI en el empleo, como un “referente” en la materia. En ese estudio, se reconoce que el aumento del salario mínimo de 2019 (el salto más grande de los últimos años) tuvo un efecto similar en el empleo que la subida menor del 2017. Dicho efecto fue “de entre seis y 11 puntos” en las personas que perciben el sueldo mínimo. “Como los afectados por el SMI representaban el 10% del total del empleo en diciembre de 2018, el incremento del 22% del SMI [de 2019] habría supuesto entre 0,6 y 1,1 puntos de menor empleo”, sentencia el informe.
El Gobierno tomó finalmente la decisión de aumentar los sueldos más bajos en 15 euros este año, hasta los 965 euros, después de que durante meses la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, se negase en post de no perjudicar la creación de puestos de trabajo. Ahora, tras recuperar el nivel de empleo prepandemia y con la previsión de sumar 80.000 ocupados más en septiembre, el Gobierno estimó que había llegado el momento de un incremento. Sin embargo, Pich pide prudencia. “Hemos aumentado la deuda en 20 puntos del PIB; tenemos una tasa de desempleo de en torno al 15%; doscientos y pico mil personas en ERTE [253.000, según el dato de mitad de septiembre]; vamos a tener un déficit de entre siete y ocho puntos este año, vayamos con cuidado. Estamos saliendo de esta fiesta”, puntualiza.
El aumento anunciado la semana pasada supone que en los últimos cinco años los sueldos más bajos han crecido en 309,8 euros. Este número contrasta con el aumento que experimentó el SMI en el periodo 2010-2016, en el que apenas subió 22 euros. Para el final de la legislatura, el escenario intermedio que contempló el comité de expertos de Trabajo fue que el salario mínimo escalase hasta 1.027 euros, cifra que propuso Trabajo a los agentes sociales en la primera de las reuniones para tratar el alza del SMI. Si finalmente ese fuese el aumento, significaría que desde 2016 habrá crecido un 56,7%.