La crisis desatada por el coronavirus ha impactado con fuerza en la mayor parte del mercado laboral, pero no en todo ni con la misma fuerza. Así se explica que los sueldos de los funcionarios y empleados públicos hayan subido durante lo más duro de la pandemia, el año pasado, mientras que los del resto de actividades se hayan contraído, con pocas excepciones y también con algunos desplomes muy significativos, como la hostelería, las actividades recreativas, el transporte o el comercio. Esto se debe, fundamentalmente, al elevado impacto de los ERTE. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) advierte en su informe de que la comparación con 2019 está distorsionada porque “se vivió una dualidad en el empleo de las empresas”, ya que en las empresas había trabajadores retribuidos con sueldos y otros por las prestaciones públicas, ya fuera total o parcialmente.

En concreto, los empleados de la Administración Pública, Seguridad Social y Defensa (sin incluir sanidad ni educación, debido a que son actividades tanto públicas como privadas) registraron un incremento del sueldo medio del 5,4% en 2020 respecto al año anterior, algo que contrasta con el descenso del 2,6% en el conjunto del mercado laboral. Con ello, los funcionarios se convierten en el quinto grupo de trabajadores mejor pagados en España, con 29.580 euros al año, desbancando a las actividades profesionales, científicas y técnicas. Los empleados públicos en el ránking de los mejor pagados quedan únicamente por detrás del suministro energético (60.352 euros al año), las actividades financieras (48.180), la minería (38564) y la información y las comunicaciones (35.423).

Esta subida viene acompañada por alzas en otros pocos sectores, como es el caso de la minería (4,9%), las actividades inmobiliarias (4,7%) o el suministro de energía (2,7%). Sin embargo, se trata en la mayoría de los casos de sectores de un tamaño relativamente escaso o de actividades muy vinculadas al sector público, como es el caso de esta última. De hecho, las ganancias de estos sectores, que aglutinan al 23% de los trabajadores de la muestra (la encuesta no incluye agricultura o empleo doméstico, por su carácter más informal) contrasta con los recortes sufridos por la mayor parte de los trabajadores. Los mayores recortes se produjeron en la hostelería (un 33,5%, debido al cierre de establecimientos, los despidos y los ERTE, así como ciertos ajustes salariales), seguidos de las actividades artísticas y recreativas (11,3%), transporte y almacenamiento (7,8%), el comercio (5,2%), la industria y otros servicios (ambos un 4,5%).

Llama la atención que el dinero gastado por las empresas en indemnizaciones por despido en 2020 haya caído un 8,4% a pesar de la crisis, algo probablemente debido a las mayores trabas en los despidos y a que muchas empresas han optado por los ERTE, como pone de manifiesto que esta cifra haya caído un 39,9% en el comercio y un 37,8% en la hostelería. Estos datos contrastan con el fuerte incremento en la minería, donde las indemnizaciones por desempleo se han multiplicado por doce y alcanzan los 2.181 euros por cada trabajador, catorce veces por encima de la media. Asimismo, también llaman la atención, aunque tienen cierta lógica, los descensos en los gastos de formación profesional en la empresa (una caída del 28,3%), los de carácter social (25,5%) y de transporte (17,8%).

Por regiones, destaca el incremento salarial de Murcia (un 1,5%), algo que no tiene equivalente en otras comunidades. De hecho, los sueldos llegan a caer un 12,3% en Canarias y un 11,8% en Baleares, debido al enorme peso del sector turístico en ambas zonas. Estas regiones van seguidas de Cataluña (con una caída del 4,3%), Aragón y Extremadura (3,7%), La Rioja (3,2%), Comunidad Valenciana y Cantabria (2,8%).