Una fecha para visibilizar las preocupaciones de estos profesionales y luchar contra la precariedad en el sector. Con ocasión del día, la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ) va a publicar un decálogo de puntos clave para mejorar la justicia. Maia Román lleva algo más de dos años presidiendo la Abogacía Joven Española. No es casualidad. Antes de representar institucionalmente a los letrados, Román organizaba en el Colegio de Alcalá, del que es secretaria de la Junta de Gobierno, grupos de jóvenes para ayudarse entre ellos. Iniciarse en la profesión siempre es complicado. “Los jóvenes abogados, además del futuro, somos el presente del sector jurídico. Tenemos un papel protagonista que debemos reclamar”, subraya.

¿Qué exigen? “Abogamos por un futuro en el que la precariedad laboral se vea disminuida, podamos conseguir la conciliación, una justicia digital sólida y una visibilización del valor de nuestra profesión”, resume Román. La abogacía aspira a mejorar la imagen que percibe de ella la sociedad.

Si hay un problema que define al joven abogado hoy en día es el de la precariedad laboral, uno de los puntos clave de ese decálogo para mejorar la justicia. Que sea un mal de muchos, no es consuelo. “Los problemas de los compañeros jóvenes que se inician en la profesión son endémicos de la sociedad a los que tampoco escapa la abogacía”, explica Román. Una “gran lacra” que se ve muchas veces materializada “en situaciones de falsos autónomos, con los perjuicios que ello supone”.

La pandemia del coronavirus ha agravado esta situación. La situación económica ha frenado el acceso de muchos jóvenes a los bufetes. “Como en todas las crisis, ya sean económicas o sanitarias, se agudizan los problemas preexistentes”, señala Román. En el caso de la pandemia por el Covid-19, “se ha dado una situación de pérdida de ingresos muy importante durante el confinamiento y las épocas en las que la administración de justicia ha estado operando al ralentí”, agrega. Una situación más dramática si cabe “cuando aún eres joven y vas más ahogado económicamente”.

La necesidad empuja a estos profesionales a aceptar ofertas que no reúnen los estándares legales. A la contratación de letrados como falsos autónomos se une situaciones de abuso de becarios en falsas prácticas. “Más allá de iniciativas colegiales o de las agrupaciones que puedan surgir para ayudar a canalizar estas denuncias, el principal mecanismo para evitar este tipo de situaciones es que haya actuaciones de inspección”, demanda Román. “Desgraciadamente, es la mejor forma de concienciar de que son inadmisibles”. Sin perjuicio de ello, añade, “las agrupaciones de jóvenes abogados y la confederación como organismo de coordinación y apoyo, deben servir para ofrecer a todos los compañeros las vías para atajar estos casos de aprovechamiento”. El problema, lamenta Román, “es que el hecho de no tener una alternativa y el miedo al desempleo frena ese ímpetu de denunciar”.

¿Quién pone el cascabel al gato? Es decir, ¿a quién corresponde perseguir las ofertas de trabajo ilegales? Maia Román cree que es un tema que exige el trabajo de todos. “Tanto el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), como CEAJ, colegios y agrupaciones deben ir de la mano en reclamar a las autoridades competentes soluciones para atajarlo”. El remedio, opina, “no depende únicamente de una parte interesada, extralimitando su ámbito de competencia”. “Ojalá fuera un problema que se pudiera solucionar por el CGAE o los colegios…”, afirma.