El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha presentado durante la tramitación del proyecto de ley para modificar el acceso a las profesiones de abogado y procurador una enmienda para que los funcionarios y empleados públicos graduados o licenciados en Derecho puedan ejercer la abogacía sin necesidad de obtener el título de abogado: realizar máster, superar prueba de acceso e inscribirse en un colegio de la abogacía.

La enmienda, publicada a finales de mayo y presentada por el diputado Aitor Esteban, propone que “el empleado público que en su condición de licenciado en Derecho acceda o haya accedido a un cuerpo o escala del grupo A en el que desempeñe o haya desempeñado funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurídico para cualquier Administración pública estará exceptuado de obtener el título de abogado o el título de procurador de los tribunales”.

Por lo tanto, estos funcionarios no estarán obligados a colegiarse tanto para el desempeño de la asistencia letrada de las Administraciones contratantes como para el libre ejercicio. Los nacionalistas vascos piden que también se exceptúen de la colegiación a “quienes hayan ingresado en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en alguno de los cuerpos de letrados de las asambleas legislativas autonómicas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, o, incluso, en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su condición de licenciados en Derecho”.

Para la tramitación de esta reforma legislativa, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados tiene encomendada la competencia legislativa plena. La ley actual excluye a los funcionarios de la colegiación solo cuando ejerzan la asistencia letrada para la Administración pública a la que sirven. El PNV pretende paliar esta exclusión de la colegiación a unos funcionarios que han acreditado su capacitación y aptitud en el asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de las Administraciones.

Los nacionalistas vascos han presentado cinco enmiendas a la tramitación de la ley de acceso a la abogacía, la mayoría de ellas relativas a garantizar el uso de las lenguas cooficiales y a modificaciones para adecuar la redacción del proyecto de ley a un lenguaje más inclusivo.