El Partido Socialista y Unidas Podemos han registrado en el Congreso la proposición de ley para crear un gravamen "especial y extraordinario" para el sector energético y la banca. Una tasa con la que se estima se podrá recaudar 7.000 millones de euros en los próximos dos años, ya que la intención de ambos grupos es que se abonen con cargo a los ejercicios 2022 y 2023.

La propuesta ha sido presentada por el nuevo portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, y el de Unidas Podemos, Pablo Echenique. El objetivo es conseguir que tanto las grandes compañías energéticas como la gran banca contribuyan a financiar las medidas que se están adoptando para luchar contra la inflación, agravada por la guerra de Ucrania y que, por ahora, ya suman 15.000 millones de euros.

Se trata de dos impuestos que se van a poner en marcha como "prestaciones patrimoniales de naturaleza pública y de carácter no tributario", cuya expiración se producirá en los próximos dos años. La intención de ambos partidos es tramitarlos por la vía de urgencia y que la aprobación por parte del Congreso se produzca antes de que acabe el año para que entre en vigor y no se produzcan retrasos en su aplicación.

En el caso de las energéticas, se va a gravar a todas aquellas empresas que tengan una cifra de negocio superior a 1.000 millones de euros. Solo afectará a la parte española de los grupos, y tendrán un gravamen del 1,2%.

En el caso de las entidades financieras, se va a hacer un gravamen sobre el margen de intermediación. Es decir, la diferencia que hay entre los intereses y comisiones que cobran y los que pagan los bancos. En este caso, el tipo al que tendrán que cotizar será del 4,8%. Quedarán exentas aquellas entidades cuyo margen de intereses sea inferior a 500 millones.

Tanto en el caso de energéticas como de banca se prevé que los dos ejercicios de referencia para el pago del nuevo impuesto sea el de 2019. En total, según las cuentas de los grupos parlamentarios, se verán afectadas una veintena de empresas. Serán ellas las que tengan que abonar estos nuevos gravámenes que se pagarán en 2023 y 2024 con cargo al ejercicio anterior.

Se prevé que haya un pago inicial en el mes de febrero del 50%, y luego se ajustará en el mes de septiembre.  Se prohíbe que se repercutan al cliente y la supervisión va a recaer en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las energéticas y de este organismo y el Banco de España para las entidades financieras.  En caso de que se detecte una repercusión del impuesto, las sanciones se considerarán muy graves y se impondrán multas de hasta un 150% de las cantidades del impuesto repercutidas. 

En los dos casos, el pago del gravamen va a ser exigible el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2024, tomando como referencia las cifras de negocio de los años previos. El abono se producirá en el mes de septiembre, pero habrá un desembolso a cuenta en cada ejercicio que se materializará en febrero. Este adelanto será de un 50% del tipo del 1,2% y el 4,8%, es decir, la mitad del importe neto gravado. Como generalmente estas grandes empresas aprueban sus cuentas en el mes de septiembre, las cifras de febrero serán provisionales y tendrán que ajustarse y revisarse una vez se conozcan las cantidades oficiales.