Y parece que la pandemia provocada por el COVID-19 ha agravado el problema”, advierte la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que arrancó su XXXI Congreso anual, celebrado en Vigo. Durante el encuentro, la junta del gremio aprobó un documento de propuestas para atajar la situación que pasa, entre otras medidas, por impulsar la “muerte civil” de las empresas que cometan fraude tributario a fin de evitar que puedan optar a licitaciones públicas, recibir subvenciones o incentivos fiscales o emitir siquiera facturas.

Así lo propone la IHE en el documento Algunas propuestas contra el fraude fiscal y de reformas de las administraciones tributarias en el marco del Plan de Resiliencia, en el que insta a las autoridades a “reducir el desgraciado maridaje entre fraude fiscal y obtención ilícita de ayudas públicas” aplicando una estricta batería de medidas.

La idea es introducir en la Ley General Tributaria un procedimiento especial de “muerte civil” que impida la operativa económica del contribuyente, “reservado a los fraudes más graves o de carácter organizado”. Se englobaría aquí a los testaferros, sociedades pantalla, entidades interpuestas o tramas de fraude; a los contribuyentes ilocalizables o que no comparezcan ante el fisco reiteradamente; los responsables solidarios de deudas; las firmas sancionadas por infracciones firmes a partir de determinados importes; o las compañías condenadas por delitos frente a la Hacienda Pública o insolvencia punible.

Los inspectores de Hacienda proponen que a este grupo de infractores se les impongan penas como la imposibilidad expedir facturas; de contratar con la administración; de realizar escrituras notariales de carácter económico (salvo para cancelar sus deudas fiscales); el cierre de su operativa financiera y cancelación de su NIF; o la denegación de todo tipo de subvenciones o ayudas públicas. Esta última supone una amenaza especialmente dolorosa en la actualidad, habida cuenta que España se prepara para recibir unos 70.000 millones de euros en transferencias europeas durante los próximos años para impulsar proyectos de inversión de colaboración público-privada.

La AHE propone que además de vetarles el acceso a licitaciones y ayudas públicas, los defraudadores no puedan aplicarse beneficios e incentivos fiscales. Aunque esta posibilidad ya está contemplada en el artículo 186 de la Ley General Tributaria, es de “escasa o nula aplicación”, y carece de desarrollo legislativo, denuncia.

Más allá, en el plano del fraude particular, los Inspectores de Hacienda consideran que una herramienta útil sería completar el indicador de la renta declarada en el IRPF, actualmente utilizado como indicador de capacidad económica de cara a becas, ayudas públicas, o prestaciones, con requisitos ligados a la situación patrimonial de la persona y de su entorno familiar. Se tomarían en consideración, ilustran, datos sobre titularidad de vehículos, inmuebles y resto de activos, gastos realizados, acceso a cuentas y medios de pago propios o de terceros. Finalmente, los Inspectores abogan por rebajar de 600.000 a 300.000 euros el umbral de deudas con el fisco para aparecer en el listado público de morosos de Hacienda.