La alta inflación derivada, sobre todo, de los elevados precios de la energía está reduciendo los márgenes de las empresas, que en muchos casos no tienen capacidad para repercutir los mayores costes en el precio final de sus productos. En algunos casos, naturalmente, que se han trasladado ya al precio final de los artículos, pero parece que no en su mayoría. Un estrechamiento de márgenes puede acabar haciendo inviable a una compañía o al menos paralizar su producción.

Por otro lado -y ya se está viendo en sectores tan relevantes como el del automóvil-, la falta de ciertos componentes impide la fabricación y montaje final del producto, lo que hace imposible, por no existir, su venta. En las plantas automovilísticas, y en todo lo relacionado con el sector, se están poniendo en marcha nuevos expedientes temporales de regulación de empleo, con las consecuencias que directamente provocan en la marcha de esas compañías y sobre el consumo privado, en la medida en que disminuyen las rentas disponibles de los trabajadores afectados. Todos estos factores pueden acabar provocando un incremento de la morosidad empresarial y de las familias que no estaba siendo contemplado como un problema hasta el momento.

La preocupación ha cambiado de foco en los últimos tiempos y la continua rebaja de las previsiones de crecimiento económico por parte de las principales instituciones internacionales (FMI, OCDE, ahora la Comisión Europea), nacionales (la Airef ya lo ha hecho y el Banco de España ha anunciado que hará una revisión a la baja de sus previsiones en la primera mitad de diciembre, en línea con lo que hará casi con toda seguridad el BCE) y muchos de los institutos de análisis privados hace que se fije la atención en qué consecuencias pueden tener la alta inflación actual y los problemas de suministro en la marcha de empresas industriales y de servicios y, por lo tanto, en las obligaciones financieras que tengan.