La minoría parlamentaria del Gobierno quedó patente este miércoles en la última sesión del Congreso de los Diputados antes del parón estival, en la que el Ejecutivo tuvo que ofrecer importantes concesiones para lograr ver aprobado, por un solo voto de margen y tras un empate que obligó a repetir la votación, el decreto ley para reducir la temporalidad en la función pública y regularizar a varios cientos de miles de interinos.

El texto, que había sido pactado por el Gobierno con los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, había despertado importantes recelos en el bloque de investidura e incluso entre el socio minoritario del Ejecutivo. Ante las dudas de que el decreto llegara siquiera a ser convalidado, María Jesús Montero, que acaba de sumar Función Pública a la cartera de ministra de Hacienda, heredando la norma diseñada por su antecesor, Miquel Iceta (ahora ministro de Cultura), se ofreció a tramitar la norma como proyecto de ley permitiendo cambios durante el proceso.

“Me consta que algunos grupos parlamentarios, porque ha sido objeto de discusión en las últimas horas, no comparten todo el planteamiento” del decreto, admitió Montero, anunciando su “voluntad de tramitar como proyecto de ley y poder incorporar cuantas mejoras” aporten los grupos que apoyasen su convalidación.

Montero recordó que el decreto presentado ante el Congreso busca reducir la tasa de empleo temporal en la administración pública a un máximo del 8%, a la vez que establece vías para hacer fijos a unos 300.000 interinos de larga duración, tras los varapalos judiciales sufridos por la administración por esta práctica. “Se trata de la mayor oferta pública de nuestra historia reciente”, dijo Montero, recordando que la regularización se llevará a cabo antes del 31 de diciembre de 2024. La norma contempla pruebas de acceso en las que la experiencia tendrá un peso del 40% e indemnizaciones de 20 días de salario por año trabajado y hasta 12 mensualidades para los interinos que no las superen.

Mientras la oposición hablaba de un enorme ERE público, Montero puso sobre la mesa dos importantes concesiones a otros grupos. De un lado, permitirá la opción de que los ejercicios de la fase de oposición dejen de ser eliminatorios si así lo determinan las comunidades autónomas o la administración competente en cada caso. De otro, la ministra propuso aplicar una excepción por la que se hará fijos, sin necesidad de que superen una oposición, a los interinos que lleven más de 10 años cubriendo una plaza que en dicho periodo no haya salido a concurso.