España ha recibido dos buenas noticias en los últimos 10 días. Por un lado, las autoridades comunitarias han avalado el primer desembolso de los fondos europeos por importe de 10.000 millones, tras dar por bueno el cumplimiento de los primeros 52 hitos o compromisos incluidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia. Y, en segundo lugar, Bruselas dio el pasado jueves luz verde al plan estratégico (PERTE) del automóvil, que incluye inversiones por 3.000 millones. Ambas noticias son el reflejo de que la gestión de los fondos europeos se está acelerando en los últimos meses tras un inicio repleto de dificultades.

Los primeros pasos fueron titubeantes. El hecho de ser el primer país en presentar el Plan de Recuperación intensificó el escrutinio de Bruselas, que analizó cada coma del extenso documento que recoge las reformas estructurales (reforma laboral, pensiones, tributaria…) e inversiones.

En los Presupuestos de este año, el Gobierno incluyó una partida de 24.198,28 millones de fondos europeos, y prevé movilizarlos en su mayoría tras el acelerón de los últimos meses. En octubre firmó el último documento de seguimiento y control con Bruselas para garantizar el buen empleo de los fondos y desde entonces se han multiplicado las adjudicaciones. Hasta el pasado miércoles, ya se había autorizado algo más del 73% —unos 18.000 millones— y se había comprometido un 64,5% —por encima de los 15.600 millones—, según fuentes gubernamentales. Es decir, supera en un 50% el dato acumulado que había a comienzos de septiembre. Además, el Ejecutivo incluyó en los Presupuestos una disposición que le permitirá ejecutar en 2022 lo que no comprometa ahora.

“El ritmo siempre es menor al principio hasta que se alcanza velocidad de crucero. Si nos comparamos con el resto de países, estamos muy avanzados”, dicen fuentes de La Moncloa. El difícil arranque se explica por diversos motivos: la primera mitad del curso fue casi inhábil mientras se cerraba la negociación del Plan de Recuperación con Bruselas; se partía de cero en la creación de la estructura, y no se contaba con referencias de otros países. Además, se necesitaba alinear toda la maquinaria pública, que era como hacer pasar el Titanic por un río. “Había ministerios acostumbrados un presupuesto de 100 millones y de pronto tienen que administrar ayudas por 2.000 millones. Eso requería reforzar departamentos y cambiar la mentalidad”, dice un alto cargo.

La ejecución del plan suponía un gran desafío para todas las Administraciones públicas. Tienen que invertir en tiempo récord los 140.000 millones de las ayudas europeas, una cantidad equivalente a todos los fondos estructurales que ha recibido España desde su entrada en la UE, según recuerda la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

Tras los suspensos en otras crisis, esta vez España ha querido ser un alumno modélico. Es, tras Italia, el país de la UE que más fondos recibe. Todas las miradas se dirigen al país, ya que de la gestión que haga depende que este instrumento temporal lanzado por Bruselas para conjurar la crisis del virus se convierta en estructural. Por eso, España fue el primer país en presentar el plan, el primero en recibir el visto bueno de la UE, el primero en recibir el primer cheque de ayudas y en firmar el protocolo de controles y el itinerario de reformas e inversiones. Ahora también ha sido el pionero en sacar un PERTE adelante. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supervisa de cerca su evolución y presiona para que se cumplan los plazos, admiten fuentes gubernamentales.

Fuentes de La Moncloa reconocen que existió un cuello de botella inicial y se tuvieron que reforzar los equipos. Pero es una etapa, dicen, ya superada. Incluso en las autonomías, que siguen a rebufo. En este caso van por detrás porque esperaron a conocer los detalles del plan para sacar sus convocatorias. “Nos gustaría que fuesen más rápido, aunque en las últimas semanas ya han acelerado mucho”, admiten. El Gobierno ya ha transferido más de 11.000 millones a las comunidades, que también están acelerando.

Un funcionario que conoce los entresijos de la gestión de los fondos achaca la demora también a la obligación de cumplir los farragosos requisitos de la Comisión. Y recuerda un episodio que le contó un veterano al llegar a su puesto: cuando los estudiantes universitarios protestaban en los setenta contra la dictadura, gritaban “fuera Franco”. Entonces, uno de los alumnos de Derecho respondió: “Sí, compañero, pero eso también tiene su procedimiento”. Eso ocurre ahora con el maná europeo: hay que repartirlo cuanto antes, pero respetando los procesos legales. También hubo cierta congestión por el exceso de cautela de algunos funcionarios a firmar las convocatorias ante el riesgo de problemas legales. Tras el acuerdo de los procesos de control y seguimiento con Bruselas, estas reticencias han desaparecido.

La realidad es que Bruselas ha presionado de lo lindo con el plan español. La Moncloa creó un grupo de trabajo, liderado por Manuel de la Rocha, con media docena de funcionarios de todos los ministerios para coordinar el despliegue del plan. Han sudado tinta para sacarlo adelante por las presiones de la Comisión, que quería endurecer la tutela y supervisión y reservarse la última palabra en cada reforma e inversión. Las autoridades comunitarias consideraban que lo que hicieran con España, al ser el primero, servía de ejemplo para otros países.