Gobierno, patronal y sindicatos han cerrado un nuevo acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en esta ocasión hasta el 30 de septiembre. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la CEOE han superado a lo largo de este miércoles el principal y único escollo de los últimos días, relativo a las exoneraciones de cotizaciones sociales de las empresas, confirmando así la fumata blanca a la nueva ampliación.

“El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE celebrado esta tarde ha dado el visto bueno por unanimidad a la última propuesta remitida por el Gobierno sobre los ERTE al entender que se adecúa a las necesidades de las empresas, especialmente para aquellas que peor situación y perspectivas para los próximos meses tienen”, explican fuentes de la patronal. Las negociaciones se han acelerado en las últimas horas para alcanzar un consenso antes del Consejo de Ministros extraordinario que se celebra mañana, habida cuenta de que la cobertura actual vence en apenas cinco días, el 31 de mayo.

Por su parte, la luz verde de los sindicatos no parece estar en entredicho debido a que sus exigencias en este punto de la negociación pasaban únicamente porque hubiese consenso entre las tres partes: Gobierno, patronal y representantes de los trabajadores. El acuerdo se ha construido en base a una solución intermedia entre la propuesta de exoneraciones que defendía Escrivá y el modelo vigente. El ministro ha mantenido su propuesta de doble exoneración por la que beneficia más a las empresas que reincorporan a sus trabajadores, pero ha mejorado los descuentos previstos inicialmente para las que mantuviesen a sus empleados inactivos.

Así, y con el objetivo de incentivar la activación, en esta ocasión se incluyen unas exoneraciones mayores para los casos de los trabajadores que se reincorporen a la actividad en los conocidos como sectores ultraprotegidos. Serán del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Cuando mantengan a los trabajadores suspendidos, habrá una exoneración del 85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre si la empresa tiene menos de 50 trabajadoras. En el caso de contar con 50 trabajadores o más, las exoneraciones serán del 75% en junio, julio y agosto y del 60% en septiembre, explican desde el Ministerio de Trabajo.

El pacto también modifica las exoneraciones en los ERTE de limitación e impedimento de la actividad por causas relacionadas con el Covid-19. En las empresas de menos de 50 trabajadores, la exoneración será del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y septiembre. Si la empresa tiene 50 empleados o más, la exención será del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre. En el caso del ERTE por impedimento a raíz de medidas administrativas, las empresas tendrán una rebaja que será del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.

Las exoneraciones eran el principal escollo de las negociaciones. Mientras que Escrivá sostiene que son estas rebajas las que en parte fomentan la reincorporación de los empleados, los agentes sociales, y en particular la patronal, creen que es la recuperación de la actividad la que estimula y favorece que los trabajadores salgan del ERTE. La solución salomónica terminó por contentar a todas las partes. “Hemos alcanzado un nuevo preacuerdo para prorrogar los ERTE. Es una gran noticia para cientos de miles de familias en nuestro país, y para muchas empresas”, dijo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Los ERTE “han sido la palanca que ha salvado millones de puestos de trabajo en esta pandemia y nos acompañará durante toda ella, como siempre hemos reclamado”, dijo por su parte el secretario general de CC OO, Unai Sordo, que añadió que el pacto es “un acicate para culminar el acuerdo de pensiones”.

Agradezco el esfuerzo de los agentes sociales”, publicó en Twitter el ministro José Luis Escribió tras la confirmación de la luz verde. Se trata, añadió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “de un nuevo impulso, fruto de la perseverancia en el diálogo social, que garantiza protección a las personas trabajadoras y empresas que más lo necesitan”. Hasta el momento, Gobierno y agentes sociales habían logrado pactar que la nueva prórroga finalizaría el 30 de septiembre; que seguiría existiendo la cláusula de salvaguarda que impida a las empresas beneficiadas por las ayudas despedir durante seis meses; que se cubriría el 70% de la base reguladora; que se mantendría el contador a cero para cobrar la prestación por desempleo y que se protegería a los fijos discontinuos.