El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales incrementar las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales frente a los 0,5 puntos planteados en un inicio durante una década para dotar el Fondo de Reserva o hucha de las pensiones, con intención de afrontar el aumento previsto con las futuras jubilaciones. La propuesta trasladada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones esta mañana y compartida por fuentes sindicales rediseña el reparto también, ya que propugna por que las empresas asuman 0,4 puntos del aumento y el 0,2 restante sean a cargo de los trabajadores frente al reparto al 50% planteado en un inicio.

Así se lo ha trasladado en la reunión mantenida con los agentes sociales para abordar el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que pretende sustituir al Factor de Sostenibilidad de la reforma de pensiones de 2013. La intención es que dicho esfuerzo esté en vigor a partir del 2023 y hasta el año 2032, con carácter finalista, ya que sería para dotar la hucha de cara a futuras jubilaciones. En UGT y CCOO realizaron una valoración “positiva” sobre “el giro de la posición del Gobierno en cuanto a centrar la definición del MEI en torno a una mejora de ingresos y la mejora de esta propuesta en términos de equidad intergeneracional en comparación con el Factor de Sostenibilidad que ahora se deroga”.

Sin embargo, trasladaron que el Gobierno debe mejorar la propuesta en términos de suficiencia, “allegando más ingresos, distribución de la cotización adicional entre empresa y personas trabajadoras, no predeterminando las negociaciones futuras en el seno del diálogo social, de ser necesarias, además de avanzar en todas las materias pendientes de desarrollo aún del Acuerdo de Pensiones de julio pasado”. A los sindicatos no les convence el reparto del esfuerzo planteado, donde el trabajador asumiría un incremento de 0,2 puntos y las empresas de 0,4 puntos restantes. La patronal, por su parte, ya había cargado duramente contra la anterior propuesta.

La idea que subyace al mecanismo, que tendría una vigencia temporal, es que actúe sobre una serie de parámetros con el fin de preservar “el equilibrio entre generaciones” y “fortaleciendo” la sostenibilidad del sistema a largo plazo, según el documento planteado hace unos días. En ese documento también se proponía que, a partir de 2032 y cada tres años, se verifique si el nivel de gasto en pensiones en 2050 supera la previsión para ese año del informe ‘Ageing Report’ de la Comisión Europea de 2024 o un documento análogo.

En caso de superarse se utilizaría el Fondo de Reserva ya dotado para financiar el gasto en pensiones con una disposición anual de hasta el 0,2% del PIB y, si no fuera suficiente, el Gobierno negociaría con los interlocutores sociales “minorar el porcentaje de gasto en pensiones” sobre el PIB.