El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cedió este lunes ante los sindicatos en la mesa de negociación para la reforma de las pensiones. Según confirman fuentes de la negociación, el ministro habría eliminado de su propuesta para la revalorización de las pensiones el punto en el que se recogía una compensación en años posteriores si se daba un aumento del poder adquisitivo de las pagas como consecuencia del desvío de la inflación prevista.

Concretamente, la propuesta del Gobierno venía a aplanar las subidas de las pensiones que lleva a cabo el Gobierno cada año y que en los últimos ejercicios ha comportado un aumento del poder de compra del colectivo al haber experimentado subidas mayores a las correspondientes según el avance del IPC. De este modo, el Gobierno cede ante una de las líneas rojas y discrepancias que habían expresado los sindicatos en la mesa de negociación a cerca de la fórmula de revalorización de las pagas, que podrán volver a ganar poder de compra si se sustancia este cambio de criterio del Ejecutivo.

Otra de las medidas que los sindicatos habrían exigido retirar de la negociación es la propuesta del Gobierno para la reforma de las jubilaciones anticipadas. Una propuesta, de endurecimiento del acceso al retiro, que desde UGT piden a Escrivá «que sea retirada». Por otro lado, Escrivá afirmó este lunes que «con toda seguridad» los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) se van a prorrogar más allá del 31 de mayo, y ha abogado por seguir con el esquema actual de extenderlos por un periodo de tres o cuatro meses, como se ha venido haciendo hasta ahora. De modo que la siguiente prórroga del esquema de Ertes llegaría hasta finales del mes de septiembre, una vez despejado el ajuste laboral posterior a la actividad de las vacaciones de verano.

Escrivá asegura que alargar los Ertes por un periodo de tres o cuatro meses no busca añadir «incertidumbre», sino que este plazo da al Gobierno y los agentes sociales flexibilidad para ir analizando su evolución en función de los «requiebros» de la pandemia y hacer los ajustes precisos. El ministro recuerda que Gobierno, sindicatos y empresarios realizan un seguimiento semanal del estado de los Ertes, que están «funcionando muy bien», y confirma que a principios de mayo se sentarán «formalmente» para abrir la negociación sobre su prórroga más allá del 31 de mayo.

Además, el ministro Escrivá espera cerrar el mes de abril con 300.000 hogares perceptores del ingreso mínimo vital (IMV), que alcanzaría a unas 700.000 personas, según sus estimaciones. «Va al ritmo que nosotros esperábamos», indicó Escrivá al ser preguntado por la tramitación de las solicitudes de renta mínima que entró en vigor el pasado junio.

Asimismo, el titular de Inclusión ha recordado que antes de aprobarse el IMV, las ayudas concedidas por las comunidades autónomas con competencias, incluidas País Vasco y Navarra, en esta materia llegaban a 200.000 hogares «después de décadas de desplegar esta prestación». «Nosotros en nueve meses hemos llegado a casi 300.000», concluye Escrivá.

Cabe recordar que, para el conjunto de este año, el Gobierno estima en 3.000 millones de euros el impacto presupuestario de los pagos correspondientes al ingreso mínimo vital, de modo que implicaría alcanzar el 100% del despliegue previsto de la ayuda allá por mayo de 2020, cuando echó a andar. Sin embargo, la AIReF redujo ese gasto previsto hace solo una semana al revisar los Presupuestos de las administraciones públicas, hasta los 1.500 millones de euros, por la lentitud en las concesiones de la ayuda que está experimentando el INSS en estos primeros meses.