El Gobierno de coalición tiene prácticamente amarrados los apoyos necesarios para que esta semana reciban luz verde en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las nuevas figuras impositivas de las que se nutren parte de los ingresos previstos. De esta manera, el Ejecutivo se aseguraría las cuentas públicas que sustentarán el último año de la legislatura, así como la puesta en marcha de los nuevos y polémicos impuestos energético y bancario y del gravamen temporal sobre las grandes fortunas, diseñados para disponer de más recursos con los que combatir la inflación.

A tres días de que la Cámara Baja vote el proyecto de PGE con más ingresos y gastos de la historia, varias fuentes del Gobierno aseguran que los apoyos están atados a falta de unos pequeños flecos con Esquerra Republicana y Bildu. Desde el Ejecutivo, en definitiva, descartan cambios de guion drásticos que hagan peligrar las cuentas públicas.

Hasta la fecha ya hay asegurados 167 síes tras los respectivos acuerdos con PNV, Coalición Canaria, Compromís, Más País-Equo, PRC y Teruel Existe. Varias de estas formaciones, como Más País-Equo y los regionalistas cántabros, ya avanzaron ayer su voto afirmativo. En paralelo, otras como BNG anunciaron su abstención. Teniendo en cuenta el rechazo de PP, Vox y Cs, así como el sentido negativo de formaciones como Junts, UPN o Foro Asturias, el Gobierno necesitaría el aval de los soberanistas catalanes y vascos. Los primeros quieren atar "mecanismos de cumplimiento" de la ejecución de las inversiones en Cataluña, mientras que los segundos parecen haberse contentado con los acuerdos alcanzados la semana pasada en las negociaciones sobre los impuestos energético y bancario.

También están atados los apoyos para validar el decreto con los nuevos impuestos a grandes energéticas y entidades bancarias, en el que se incluirá también el gravamen sobre la riqueza. La negociación de la semana pasada entre el Gobierno y PNV y PDeCat en la Comisión de Asuntos Económicos logró desbloquear la situación y permitirá la validación de estas figuras. La modificación, clave para el apoyo de las fuerzas nacionalistas, excluye del importe neto de la cifra de negocio para la determinación del gravamen a las energéticas el correspondiente a las actividades reguladas, al mismo tiempo que se establece que el impuesto se aplique únicamente a la actividad desarrollada por las compañías en España.

También allanó el terreno un acuerdo con Bildu por el que el Ejecutivo tendrá que evaluar el impuesto a la banca pasados dos años de su andadura para valorar convertirlo en permanente. También se abrió la puerta a que la gestión de estos tributos recaiga en las haciendas de País Vasco y Navarra. Los Presupuestos para 2023 recogen el mayor techo de gasto de la historia (198.200 millones de euros) y unos ingresos récord que superarán los 307.000 millones de euros gracias al comportamiento de impuestos como el IRPF, el IVA o Sociedades.

Los impuestos a banca y energéticas, previsiblemente, estarán en vigor durante dos años con el objetivo de recaudar unos 7.000 millones de euros. El impuesto a los ricos, por su parte, afectará a 23.000 contribuyentes durante dos ejercicios e ingresará cerca de 1.500 millones anualmente, si bien el Ejecutivo estudiará si lo prorroga o convierte en permanente