El Gobierno quiere poner coto a la morosidad, un problema que asfixia a muchas empresas hasta el punto de poner en riesgo su viabilidad, especialmente en momentos de crisis como el actual. El Consejo de Ministros espera elevar hoy a audiencia pública el anteproyecto de la Ley de Creación y Crecimiento empresarial, que además de facilitar el nacimiento de sociedades por sólo un euro, también castigará a las empresas morosas.

Según un borrador del texto, las compañías que paguen tarde no podrán beneficiarse de subvenciones ni acceder a contratos de obra pública. A partir de su entrada en vigor, cumplir los plazos de pago se convertirá en un requisito necesario para el acceso a las subvenciones públicas: no podrán obtener la condición de “beneficiario” las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la ley, señala el texto. Para ello se modificará la Ley General de Subvenciones.

Pagar a tiempo también será criterio para poder optar a contratos de obra pública, para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los “subcontratistas”. Se modificará también la Ley de Contratos Públicos.

Pero, ¿qué es pagar a tiempo? La nueva ley tendrá como base los plazos de pago de la Ley de Morosidad. Según esta medida, en el caso de que se haya acordado un día concreto de pago, el plazo de pago no podrá superar los 60 días naturales desde la recepción de la factura. En cambio, si no se hubiera pactado un día de pago, el plazo no podrá exceder los 30 días naturales.

El drama está en que, a pesar de lo que dice la ley, la tónica general es que los pagos se retrasen mucho más. En buena medida por la ausencia de un régimen sancionador para estos incumplimientos. En el primer trimestre, por ejemplo, el plazo medio de pago estaba en los 94,13 días, el mayor decalaje desde 2015, según los datos de Informa D&B. Este repunte en la morosidad puede explicarse por las dificultades que sufren muchas empresas que arrastran pérdidas y deudas, al tener que hacer frente a gastos fijos, como el alquiler de locales, pero con una caída importante en la actividad.

Además, según datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a pymes y autónomos, el 45% de las grandes empresas pagan después de los 90 días. Ocurre que muchas pymes y autónomos terminan consintiendo estos retrasos y no suelen exigir las compensaciones legales previstas en la norma en caso de incumplimiento, como costes de recobro o indemnizaciones.

Pero lo que hay ahora mismo es sólo la punta del iceberg. Las medidas del Gobierno de apoyo a las empresas pueden haber provocado que una parte de la posible morosidad todavía no haya emergido. El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió a principios de año que la tasa de dudosos crecerá de forma significativa en los próximos trimestres, “incluso en el escenario más benigno”.

La normativa que el Gobierno quiere aprobar no ataja directamente la morosidad, pero sí busca reducir los retrasos e impagos a través de desincentivos para quienes se pasen de plazo. El problema que surge con esta medida es que podría haber empresas que ya arrastraran meses con dificultades de liquidez que necesiten subvenciones para su viabilidad o hacer frente precisamente a esos pagos. Dificultad que aumenta cuanto más pequeña es la empresa y menor capacidad de financiación tiene.