El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se propone el reparto de 63,3 millones de euros entre las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia para la realización de varios proyectos del Plan Justicia 2030. Según ha precisado el departamento dirigido por Pilar Llop en una nota de prensa, estos créditos presupuestarios se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán sometidos a la Conferencia Sectorial de Justicia para su territorialización.

“Se trata de proyectos enfocados a una mejora significativa de la eficiencia en el empleo de los recursos en el ámbito de la Administración de Justicia, así como inversiones significativas en el sector de tecnologías de la información (TIC), que favorecen la mejora competitiva de España”, ha señalado el Ministerio. Justicia ha explicado que 26,4 millones de euros de los 63,3 millones se designarán al objetivo de interoperabilidad, “encaminado a construir un modelo en el que los sistemas de gestión procesal de las comunidades autónomas sean no solo completamente interoperables entre ellos, sino con el resto del ecosistema digital de la Administración de Justicia”.

Está previsto, además, que se destinen 16 millones de euros en el apartado de ciberseguridad. Según ha señalado el Ministerio, se aportará por el establecimiento de un servicio de seguridad que pueda proporcionar protección a las administraciones, así como mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de esta naturaleza, buscando sinergias con otros organismos nacionales y europeos en la materia.

Asimismo, se dedicarán 8,4 millones de euros al proyecto de Justicia orientada al Dato para “la explotación y aprovechamiento de la enorme cantidad de información existente”, lo que permitirá “mejorar el diseño de políticas públicas” y una “mayor eficiencia”. Por su parte, la “extensión del Proyecto 0” recibirá 4,4 millones de euros para desplegar equipamiento digital básico –tanto de software como de hardware– para desarrollar proyectos de transformación financiados con fondos europeos.

A la inmediación digital, que hará posible la celebración telemática del mayor número posible de actuaciones, se destinará un presupuesto de 2,1 millones de euros. La inversión en la textualización, un sistema que permita localizar rápidamente informaciones que se hayan documentado por una grabación visual, será de 2,4 millones; mientras que la adaptación de los sistemas de la gestión procesal a la nueva ley de eficiencia procesal estará dotada con 2,7 millones.

Asimismo, se dedicarán 900.000 euros al proyecto de Carpeta Justicia, para dotar a la Administración de Justicia de un servicio personalizado en el que particulares, empresas y profesionales tengan acceso a la información asociada a sus distintos procedimientos judiciales abiertos.