El Gobierno disipó este martes las dudas sobre el futuro de la atención sanitaria a funcionarios a través de mutualidades, que Unidas Podemos había propuesto desmantelar para integrarles en el régimen general, autorizando la renovación de los acuerdos de cobertura vigentes para el periodo 2022 a 2024. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros, supone la inyección de 3.571 millones de euros a Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) para la licitación de los dos convenios con aseguradoras privadas de salud a cerca de 1,5 millones de trabajadores públicos que prestan servicio en España o están destinados en 123 países.

El nuevo concierto, de tres años de duración, comporta una prima de incremento del 8% para el próximo año, el 8,75% para el siguiente y el 10% en el último año de vigencia, con el objetivo de garantizar la asistencia sanitaria de los funcionarios en el marco de la pandemia y de cubrir la incorporación de nuevos efectivos como consecuencia de las últimas ofertas de empleo público aprobadas.

Con este incremento, defiende el Ministerio de Hacienda y Función Pública, “se recuperan los niveles de calidad que demanda el colectivo y se incorporan los nuevos servicios con que el Gobierno está completando la cartera común del Sistema Nacional de Salud”. Así detalla, el plan incluye por primera vez los gastos relacionados con la pandemia, incorporando un protocolo asistencial por Covid; la creación de un comité interdisciplinar de expertos para la valoración de los tratamientos de protonterapia; o el despliegue de plataformas de telemedicina. También se cubrirán prestaciones para víctimas de violencia de género, equiparando sus lesiones a las de víctimas de accidentes y ofreciendo sesiones de psicoterapia<

La decisión contrasta con la proposición de ley impulsada recientemente por Unidas Podemos para acabar con este “privilegio” de los funcionarios sujetos a Muface, la mutualidad de Justicia (Mugeju) y la de las Fuerzas Armadas (Isfas) para integrarlos en el régimen general, y ha suscitado observaciones críticas por parte del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige la líder de la formación morada, Ione Belarra. El sector por su parte, representado por la Fundación IDIS, había defendido que el modelo vigente ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año.