El Gobierno ha rechazado masivamente la mayor parte de las enmiendas que habían presentado el resto de grupos parlamentarios a la proposición de ley sobre gravámenes temporales a energéticas y entidades financieras. Y lo ha hecho con un mecanismo excepcional. Su poder de veto, sin dar opción al debate en el Congreso, algo que las empresas catalogan de prácticas extremas y poco democráticas.

Esa ley, popularmente conocida como el impuestazo, se está tramitando en el Congreso. El objetivo es gravar con un porcentaje de los ingresos a energéticas y entidades financieras durante los ejercicios 2022 y 2023 por los supuestos beneficios extra que están obteniendo, con la escalada de los precios de la energía y los tipos de interés. El Gobierno aspira a recaudar 7.000 millones, sobre todo por el gravamen de las energéticas (2.000 millones de euros por año, a razón del 1,2% de las ventas).

Las más afectadas son Repsol, Endesa, Iberdrola, Cepsa y Naturgy, que prácticamente asimilarán el grueso del impacto. Todas las empresas tenían la esperanza de que el hachazo se suavizara en la tramitación parlamentaria, sobre todo vía enmiendas. Y en especial alguna de las planteadas por el PNV, socio de investidura de Pedro Sánchez.

Había una enmienda que presentó el PNV la pasada semana que parecía razonable y con posibilidad de ser acogida por el PSOE. Planteaba aplicar desgravaciones en el tasazo si se reinvertían parte de los ingresos en transición ecológica. Finalmente, esta enmienda también ha sido rechazada. La proposición de ley saldrá por lo tanto en su formato más duro, lo que deja la puerta abierta a que las energéticas inicien una pugna legal para tumbarla. La batalla es segura. Algunas empresas como Repsol, Endesa, Iberdrola y Cepsa ya han anticipado que recurrirán a los tribunales.

El ministerio de la Presidencia, a cuyo frente está Félix Bolaños, remitió un documento ayer a lo largo de la mañana al registro del Congreso. En ese documento, el ministro de la Presidencia comunicaba que "en relación con las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados a la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, tengo el honor de comunicar, al amparo de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución y conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que el Gobierno no da su conformidad a las enmiendas referidas en el anexo que se adjunta por suponer aumento de gasto o disminución de ingresos presupuestarios".

En la práctica, con este mecanismo, el Gobierno veta las enmiendas sin que ni siquiera se debatan en sede parlamentaria. Las empresas ya están preparando munición legal. ¿Como es posible que Bolaños alegue que afectan a las cuentas si las de 2023 no están aprobadas? La enmienda en la que más confiaban las grandes energéticas era en la que el PNV planteaba una "minoración del 20%" en la tasa por inversiones en activos y tecnologías de transición energética.