Esta ley permitirá poner en marcha sociedades con apenas 1 euro, favorecerá su crecimiento y establecerá medidas de lucha contra la morosidad. Su intención es llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros para que inicie a partir de ahí su proceso de audiencia pública. El principal objetivo de la norma será remover obstáculos para la creación y viabilidad de compañía. Y los impagos son, precisamente, uno de los problemas que atenazan en muchas ocasiones su solvencia al limitar o estrangular su liquidez por no cumplirse el plazo máximo legal de los 60 días.

Se trata además de un problema especialmente penoso para pymes y autónomos, que consienten que empresas grandes tarden mucho más en atender sus facturas por temor a deteriorar las relaciones comerciales. Por eso no suelen exigir las compensaciones legales previstas en la norma en caso de incumplimiento como costes de recobro o indemnizaciones, aunque meta presión en sus márgenes. Para combatir el incumplimiento generalizado de ese periodo máximo entre empresas, la normativa desplegará un sistema de incentivos para el cumplimiento de los plazos de pagos e implantará la factura electrónica, según señala Servimedia.

Por un lado, la normativa prevé tener en cuenta los pagos de plazo para poder acceder a subvenciones públicas, al vincularlo con el cumplimiento de los plazos de pago a sus subcontratas. De otro lado, la generalización factura electrónica ayudará a transparentar los plazos con los que las empresas cumplen con sus facturas. Se prevé aumentar además la transparencia en los pagos y fijar un sistema de infracciones y sanciones o un sistema extrajudicial de resolución de conflictos. La normativa eliminará además el requisito de contar con 3.000 euros para constituir una sociedad, reduciendo al mínimo de 1 euro la cuantía necesaria para montar una Sociedad Limitada, y permitirá que el proceso pueda solventarse telemáticamente en apenas 10 días.

La ley incluye medidas para diversificar las fuentes de financiación e impulsar la financiación no bancaria, de la que dependen la inmensa mayoría de compañías, y para mejorar el clima de negocios. Precisamente esta semana el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha constituido la Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios, que será el órgano de interlocución directa entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las corporaciones locales para la cooperación en el ámbito de la regulación económica.

Con esta ley, junto a la de ‘startups’ y la concursal que ultima el ministerio de Justicia, el Gobierno prevé cubrir el abanico completo de medidas para favorecer el emprendimiento y atajar los problemas que soportan las compañías españolas y que les dificultad ganar tamaño, internacionalizarse o, incluso, reestructurar la deuda para que una crisis no sea una sentencia casi de muerte empresarial sino un obstáculo atravesable.

El texto de consulta pública previa al anteproyecto que ahora llevará al Consejo de Ministros ya reconocía que “un mayor tamaño de empresa permitiría incrementar la productividad, la resistencia ante las potenciales crisis y la capacidad de acometer las inversiones necesarias para seguir siendo competitivas en el contexto de la doble transformación digital y verde”, y señalaba que España ocupa el puesto 30 en el ranking de 190 del informe “Doing Business” del Banco Mundial en cuanto al clima de negocios.