El Gobierno prorrogará durante tres meses, hasta el 30 de septiembre, el paquete de medidas desplegado en el mes de marzo para combatir los efectos que la guerra de Ucrania ha desatado en los precios y en el conjunto de la economía. La pretensión es que se mantenga en marcha toda la batería de ayudas, aunque fuentes del Ejecutivo confirman que no se cierra la puerta a realizar ajustes presupuestarios o mejoras en el diseño. El plan hasta ahora vigente incluye la rebaja de 20 céntimos en el combustible para todos los usuarios, la ampliación de la cobertura del bono social a más de dos millones de hogares o la limitación al 2% de la revisión anual de los contratos de alquiler. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado su decisión durante una reunión con diputados y senadores del PSOE en el Congreso.

En ella, el mandatario ha hecho una alusión implícita al PP para que apoye esta prórroga cuando se vote en la Cámara Baja, después de que los populares rechazasen el paquete cuando llegó al pleno por primera vez. "A ver si tenemos más suerte y los que dicen que aman a España lo demuestran amando a los españoles y aprobando medidas que son buenas para los españoles", ha explicado. El primer paraguas de protección, que se aprobó en el mes de abril, suponía la movilización de unos 16.000 millones de euros: 6.000 millones para las transferencias directas y otros 10.000 en ayudas a las empresas.

El plan que previsiblemente se prorrogará gira en torno a cinco ejes: ayudas a familias y trabajadores, apoyo al tejido económico y empresarial, ciberseguridad, respaldo al transporte y en materia energética. Entre las iniciativas más reseñables se incluyen 6.000 millones de euros en ayudas directas, las rebajas fiscales para abaratar el precio de la electricidad, una bonificación de 20 céntimos al combustible por litro o el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres. También implica el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y una extensión del bono social eléctrico para beneficiar a 600.000 familias más, con lo que se cubre a casi dos millones de hogares.

En el caso de la bonificación de 0,2 euros al combustible, el Gobierno estudia modificar el diseño para que no se trate de una ayuda regresiva, sino progresiva. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, explicó este miércoles que el objetivo es dirigir el descuento a las familias más vulnerables, sin precisar las posibles nuevas cuantías ni cómo se efectuaría la bonificación.

Se trata de la disposición más controvertida, pues en estos tres meses que lleva en funcionamiento, ha habido tal repunte de la gasolina que prácticamente absorbe ya la mitad de la subvención. La semana pasada el carburante rompió la barrera de los 1,9 euros el litro, según el Boletín Petrolero. Fue la tercera semana consecutiva en la que batió su propio récord. A finales de marzo, justo antes del plan antichoque, registró un precio medio de 1,8 euros por litro.

En el caso de la vivienda, con la prórroga de las medidas todos los grandes propietarios a los que le toque la revisión anual del contrato tendrán prohibido subir el alquiler más de un 2% sobre el precio fijado en el contrato previo. Es decir, hasta esa fecha ninguna actualización de la renta podrá ser mayor a ese porcentaje. En el caso de los pequeños propietarios, existe la posibilidad de que se negocie el límite entre las partes. Sin embargo, en caso de que no se alcance el consenso primará el mismo límite. Esto significa que, en la práctica, ningún arrendatario puede superar este tope.

En paralelo, entre las medidas para ayudar al sector empresarial destaca la línea de avales de crédito ICO por un valor de 10.000 millones de euros para cubrir las necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Los sectores agrícola, ganadero y pesquero también estaban incluidos en el plan, con ayudas de 362 millones y 68 millones, respectivamente.

El plan de choque desplegado por el Ejecutivo a finales de marzo puede sostenerse gracias al colchón fiscal con el que cuenta el Estado, que cerró el año 2021 con una recaudación de más de 220.000 millones de euros. A su vez, tal y como recordó con la aprobación de las medidas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, España ha conseguido reducir el déficit público por encima de lo previsto. Esta cobertura es la que permitirá financiar todo el paquete.

Por lo pronto, el resto de medidas de índole fiscal aprobadas a lo largo de los últimos meses por el Gobierno para frenar la escalada del precio de la luz han supuesto una pérdida recaudatoria de casi 4.000 millones de euros desde su puesta en marcha. Entre todas estas rebajas se encuentra la bajada del tipo del IVA al consumo doméstico desde el 21% al 10%, la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11% al 0,5%, y la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica.

Según los datos presentados esta semana por la Agencia Tributaria correspondientes a abril, estas medidas supusieron en el cuarto mes del año una pérdida adicional de 333 millones de euros, de 2.233 millones en lo que va de ejercicio y de 3.838 millones desde que las rebajas comenzaron a funcionar.