El Gobierno planea que se aumenten las contribuciones a la hucha de las pensiones, que en la actualidad apenas cuenta con unos 2.000 millones de euros de los 67.000 millones que llegó a tener. La sostenibilidad del sistema de jubilación es el quebradero de cabeza del Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá. Para rebajar la tensión que generará en sus cuentas la jubilación del baby boom, la generación más numerosa y nacida entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta, el Ejecutivo maneja dos instrumentos correctores que se negociarán con los agentes sociales y la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

Según fuentes de la negociación, el primero será la aportación adicional al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones. Esta se hará con una subida finalista de la cotización de 0,5 puntos porcentuales durante una década a partir de 2023. Si estas aportaciones no fueran necesarias, el Gobierno valoraría que se devuelvan mediante bajadas de cotizaciones o mejoras de prestaciones. El segundo instrumento consistirá en una revisión que se hará cada tres años desde 2032 para analizar si el gasto en prestaciones sobre PIB se desvía de la proyección para 2050 del informe sobre pensiones de la Comisión Europea, el Ageing Report, de 2024. De ocurrir una desviación, se tomarían nuevas medidas para corregirlo.

Las contribuciones a la hucha se financiarán con subidas de cotizaciones que se repercutirán entre la empresa y los trabajadores. Según fuentes de la negociación social, la subida para un salario medio será de unos diez euros al mes divididos entre la compañía y el asalariado. Para un mileurista, el incremento sería de cinco euros al mes. Con esta fórmula se pretende dotar a la hucha de las pensiones de un capital suficiente con el que afrontar en mejores condiciones la entrada masiva de nuevos pensionistas que se proyecta en un horizonte cercano. A partir de 2023 empezarán a jubilarse las primeras hornadas del baby boom. Y esta sobrecarga durará unas tres décadas.

Según fuentes de la negociación, a esta vía de ahorro se incorporará de forma “contingente y temporal” otro mecanismo de control. Este entraría en acción cuando la proyección del gasto en pensiones se desvíe de la senda fijada por el ministerio tras haber inyectado unos 22.000 millones desde el presupuesto del Estado a la Seguridad Social con el fin de cerrar el actual déficit.

Estas intervenciones, que todavía no han sido desarrolladas al completo, servirían para corregir el desfase futuro de las cuentas generado por la jubilación del baby boom. Y nunca podrían suponer en total más de 0,8 puntos de PIB al año en 2050, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy. Uno de estos instrumentos consistiría en disponer del dinero del Fondo de Reserva con un límite anual del 0,2% del PIB. Si eso no fuese suficiente o se hubiesen agotado los recursos de la hucha, entonces el Gobierno negociará con los agentes sociales una propuesta que elevaría al Pacto de Toledo para reducir el gasto en pensiones en porcentaje de PIB. Estas medidas tendrían un límite anual del 0,4% del PIB. Y si esto no resultara bastante, el Gobierno acordará con patronal y sindicatos otra subida de las cotizaciones hasta un máximo del 0,4% del PIB al año.

El refuerzo de la hucha y el examen trienal conformarían el esqueleto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituirá al Factor de Sostenibilidad, un instrumento que aprobó el PP, cuya entrada en vigor fue retrasada y que recortaba la prestación inicial en función del aumento de la esperanza de vida. Este estaba previsto derogarlo el año que viene en la segunda parte de la reforma de pensiones. Pero los sindicatos exigieron su eliminación inmediata. Ni la Comisión Europea ni la CEOE querían que se suprimiese el Factor de Sostenibilidad sin que hubiese otra fórmula que la sustituyese. Así que el acuerdo con los interlocutores sociales dice que estos deben consensuar el diseño final del MEI antes del 15 de noviembre. La idea es introducirlo como una enmienda en el Congreso. Si no alcanzan un pacto, según consta en el acuerdo, el Ejecutivo legislará solo la nueva fórmula.

Según la propuesta del Ministerio de Seguridad Social, el sistema se someterá a un examen cada tres años a partir de 2032. En esta evaluación se mirará el nivel de gasto y el equilibrio entre la población ocupada y la pensionista. Y en función de cuál sea la marcha de las cuentas se revisarán “el conjunto de parámetros del sistema”, según confirman fuentes de la negociación. Aunque la propuesta del Gobierno no los menciona de forma expresa, estos básicamente son: la edad de jubilación; la edad de jubilación anticipada y sus incentivos; el periodo utilizado para calcular la prestación; el salario utilizado o base reguladora; las bases máximas; las mínimas; el tipo de cotización, y la esperanza de vida. El ministro Escrivá ya ha sugerido en varias ocasiones que se podría aumentar el periodo de cómputo exigido para la pensión, una fórmula que implicaría trabajar más tiempo en ocupaciones que no sean catalogadas como penosas.