El Gobierno remitió el viernes a la Comisión Europea, apurando los plazos oficiales como es de costumbre, el preceptivo documento anual sobre los efectos del plan presupuestario que tiene entre manos. El documento enviado a Bruselas promete que 2022 será un año de ingresos públicos récord tanto en impuestos como en cotizaciones sociales. Un logro para el que prácticamente no hay medidas que básicamente se fía al buen tono de la recuperación.

De hecho, el Ejecutivo no ha revisado su cuadro de previsiones macroeconómicas, pese a que la rebaja del 2,8% al 1,1% en el avance de primavera que realizó al INE ya ha llevado a moderar proyecciones a organismos como el FMI. El plan presupuestario enviado a la UE se basa, por tanto, en la proyección de que el PIB español, que en 2020 cedió un 10,8% a 1.121.948 millones de euros, rebotará un 6,5% este año (7,8% en términos nominales) hasta los 1.209.138 millones, y aumentará un 7% (8,6% nominal) en 2022, superando los niveles precrisis y cerrando en 1.312.554 millones.

Bajo semejante avance de la actividad, el Ministerio de Hacienda prevé que los ingresos públicos suban un 7,3% en 2021, hasta los 499.150 millones (incluyendo 284.865 millones en impuestos, un 11,1% más), y se eleven un 4,6% en 2022, a 522.264 millones (incluyendo 298.801 en tributos, un 4,9% más). Pese al incremento, el peso de los ingresos sobre el PIB caería, como consecuencia del aumento de tamaño de la economía, del 41,3% de 2021 al 39,8% en 2022.

De hecho, el aumento de ingresos puramente tributarios previstos para 2022 frente al cierre de 2021, del 8,1%, descansa más en el avance del 6% de las bases imponibles que en los 400 millones extra que dejará imponer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades. A su vez, el Ejecutivo prevé que las cotizaciones sociales crezcan un 1,9% en 2021 y un 5% en 2022, por la mejora del empleo, alcanzando el próximo ejercicio un peso del 13,2% sobre el PIB, superando el 12,9% que había en 2019, antes de la pandemia.

En paralelo, el plan presupuestario remitido a la UE calcula que el gasto público, que en 2020 saltó al 52,4% del PIB, se moderará al 49,6% este año y se reducirá al 44,7% en 2022 en parte tanto por la recuperación del PIB como por la progresiva desaparición de las medidas desplegadas para combatir la pandemia y sus efectos económicos. Incluye esta partida la subida del 2% de los salarios públicos y un aumento de la tasa de reposición de funcionarios que elevan el capítulo de sueldos públicos al 11,4% del PIB; la revalorización de las pensiones con el IPC (y del 3% en el caso de las mínimas, las contributivas y el ingreso mínimo vital); o una cierta moderación en los consumos intermedios, especialmente por el menor gasto sanitario, que cae un 1,4% en las autonomías, por ejemplo.

El esquema señalado debería permitir reducir el déficit público del 11% de 2020 al 8,4% en 2021 y al 5% en 2022, básicamente gracias a que el mayor tamaño del PIB reduce el peso relativo del agujero fiscal. El Gobierno asegura que esta estrategia sigue las recomendaciones de mantenimiento de medidas de apoyo que pregona el Consejo Europeo, pero promete que “cuando las condiciones económicas lo permitan, se aplicarán políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo”.