El Gobierno seguirá dando aire a los autónomos más allá de los planes de ayudas específicos aprobados con motivo de la pandemia. Al menos esta es la previsión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien aseguró que la reforma del Reta en la que ya trabaja el Ejecutivo, provocará la reducción de la cuota de unos 2,1 millones de trabajadores por cuenta propia. Un nuevo sistema, el de cotización en base a los ingresos reales, que, según fuentes cercanas a estas negociaciones entre el Gobierno y las asociaciones representantes de los trabajadores autónomos, prevén que eche a andar en 2022.

El impacto de esta medida, que aproximó el propio ministro durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este pasado jueves, a cuenta de las medidas que adoptará su Gabinete para la reforma de pensiones encomendada por el Pacto de Toledo y para dar explicaciones por la polémica de la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 años a 35 años cotizados, y que implicaría un recorte medio en las pagas de jubilación del 6%.

Más allá, de la polémica, que el ministro ya explicó como un cruce de borradores que finalmente se zanjó con una propuesta menos concreta enviada a Bruselas el ministro hizo hincapié en las recomendaciones del Pacto de Toledo que avalan las medidas que adoptará el Ejecutivo en la materia en los próximos meses. Y precisamente, uno de ellos hace referencia a esa convergencia de regímenes laborales, acercando la contribución de trabajadores autónomos a la Seguridad Social a la proporción correspondiente a sus ingresos reales. Un modelo que consistiría en fijar un porcentaje de aportación en función de sus ingresos previstos para el conjunto del año, dividido por tramos como ocurre en el régimen general.

En este sentido, el punto de la reforma del Reta recogido como parte de la reforma del sistema de pensiones recoge en el texto enviado a Bruselas que «se trata de implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada». Y añaden que con ello se corregirá la distorsión que genera la facultad de elección de la base de cotización «que supone una merma de recursos para el Sistema y un nivel bajo de protección para los autónomos».

Este documento, advierte además que casi el 85% de los trabajadores autónomos deciden cotizar por la base mínima. «Junto a ese problema de insuficiencia de recursos, la lógica contributiva del sistema se traduce en que las prestaciones económicas son sensiblemente inferiores a las del régimen general» de asalariados. De hecho, el Gobierno asegura que hasta un 36% de los autónomos no alcanza la pensión mínima de jubilación «y por lo tanto son beneficiarios de complementos a mínimos en las cuantías de sus pensiones». Así, apunta el Gobierno que más allá de la necesidad de la medida, la implantación de la misma se llevará a cabo de forma progresiva en los próximos meses.