El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá, ultimaba estos días el decreto exprés del reglamento que regulará una parte del futuro fondo de pensiones de empleo de promoción pública. Esta norma -que salvo cambios de última hora podría aprobarse en el Consejo de Ministros de hoy, martes- establecerá previsiblemente que las gestoras que resulten adjudicatarias de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos cobrarán una comisión que como máximo será del 0,3% anual mientras que para las entidades depositarias el límite de sus retribuciones será de 0,10% anual.

Junto a esta limitación de las comisiones que podrán cobrar los futuros gestores de estos fondos, el reglamento que aprobará el Gobierno hoy, o en próximas semanas si hubiera cambio de planes, determinará también la constitución y funcionamiento de la Comisión Promotora y de Seguimiento de estos fondos, así como de la Comisión de Control Especial.

Aunque la aprobación de estas cuestiones no implicará, sin embargo, que el macrofondo de Escrivá se ponga ya en marcha de forma efectiva. De hecho, para que esto ocurra aún faltan varios pasos legales que, según las distintas fuentes del sector de los planes de pensiones consultadas, harán que el fondo no esté operativo antes de finales del año que viene como pronto. Si esto fuera así se podría dar la circunstancia de que hubiera elecciones generales antes de que empresas, autónomos, sectores y administraciones puedan contratar estos fondos.

Desde la Seguridad Social precisan que lo siguiente a la aprobación del citado decreto será que el Departamento que dirige José Luis Escrivá cree la Comisión de Promotora y de Seguimiento con nueve miembros de distintos ministerios, y que tendrá entre sus cometidos evaluar las 13 candidaturas de quienes vayan a formar la Comisión de Control especial. Solo después de esta constitución, el Ejecutivo diseñará varios tipos de fondos con distintos perfiles de riesgo -para lo que podría servirse de las tipologías ya diseñadas Inverco, según distintas fuentes-, para después iniciar el proceso de licitación de las entidades gestoras y depositarias de fondos de empleo de promoción pública. "Esto puede llevar un periodo de tiempo de varios meses", indican desde el Ejecutivo; un plazo que, nuevamente, distintas fuentes del sector sitúan bien entrado 2023.

Pero aún quedan por desarrollarse y aprobarse otras dos cuestiones importantes para el arranque efectivo de este macrofondo: por un lado está la aprobación del modelo reglamentario de especificaciones de los nuevos planes simplificados, "que es un documento imprescindible porque recoge todo lo que tiene que tener uno de estos planes (promotora, contingencias, cómo se hacen las aportaciones, movilidad, entre otras cuestiones)", explica el director del Área de previsión social y pensiones de Mercer España, Miguel Ángel Menéndez. Este índice de lo que deberán incluir los planes simplificados podría incluirse en la revisión del reglamento de la Ley de Planes y Fondos de pensiones que prepara el Ministerio de Economía para la próxima primavera.

Y, en segundo lugar, está también pendiente de desarrollo la plataforma digital para la contratación y gestión de los futuros fondos y planes de promoción pública. Si bien la creación de esta plataforma está en un estadio muy embrionario, ya que hace apenas diez días se publicó una orden ministerial para crear una comisión (de funcionarios y expertos del sector financiero privado) que orientará en el diseño de esta plataforma.

Entretanto, distintas fuentes del sector apuntan a que las empresas, las asociaciones sectoriales de autónomos o las administraciones públicas pueden seguir recurriendo como hasta ahora a los planes de empleo del sector privado, para luego moverlos al fondo de promoción pública si así les conviniera. Es lo que ha hecho ya la asociación de autónomos ATA y lo que podría hacer el primer fondo sectorial aprobado en el Convenio de la Construcción, aunque este punto aún no se ha confirmado, según indican fuentes sindicales.

Más difícil lo tienen las administraciones públicas, "porque se da la absoluta incongruencia de que el Gobierno no ha habilitado el 0,5% por encima del incremento salarial pactado para 2022-2024 para destinar a fondos de pensiones de empleo, como sí lo hizo entre 2004 y 2013", denuncia el responsable de Pensiones de CC OO, Carlos Bravo.