El Gobierno de España ha solicitado formalmente el tercer desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 6.000 millones de euros vinculados al cumplimiento de 29 hitos y objetivos (23 hitos y 6 objetivos), correspondiente al último semestre de 2022. Sin embargo, a estas alturas, el hito 173 -el que alude al funcionamiento de la plataforma informática que ha de controlar y vigilar la gestión de estas ayudas europeas- sigue aún pendiente de funcionar a pleno rendimiento, tal y como fuentes autonómicas confirman a elEconomista.es.

Así, y con la petición remitida y formulada por la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, España se convierte en el primer Estado miembro en solicitar el tercer desembolso, tal y como ya prefijó en su calendario consensuado con la Comisión Europea.

A partir de este momento, Bruselas se da dos meses, que se podrían extender a tres con motivo del largo periodo de vacaciones navideñas, para responder y entregar los 6.000 millones de euros en el caso de que la valoración sea 100% positiva a los hitos, ya que, cabe la posibilidad de que la Comisión aplique un recorte a esos fondos, en el caso de que alguno de los compromisos adquiridos, no se hayan desarrollado del todo, pese a las prórrogas dadas.

No hay que olvidar que el desembolso más importante por parte de la Comisión es el cuarto, o el del primer semestre de 2023 (10.000 millones de euros), para el cual, el Ejecutivo habrá de entregar documentación a finales de diciembre o principios del mes de enero de 2023, y en esa justificación de pagos ha de demostrarse una serie de inversiones también establecidas en el calendario que en su día rubricaron la Comisión y el Ministerio de Hacienda de España.

Ahora, en esta tercera justificación de gastos, la del último semestre de 2022, el Gobierno ha destacado la reforma de la Ley Concursal, que establece un procedimiento de segunda oportunidad e introduce un procedimiento especial dirigido a micropymes que reduce la duración y coste del mismo y que se tramitará íntegramente por medios electrónicos.

En el ámbito educativo, uno de los hitos consiste en la entrada en vigor de la Ley relativa al Sistema Integral de Formación Profesional -eficacia cuestionada por los técnicos de la Comisión en su visita a Madrid en septiembre-, cuya finalidad es regular un régimen de formación y acompañamiento profesionales capaz de responder con flexibilidad a los intereses y aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida y a las competencias demandadas por las nuevas necesidades productivas y sectoriales.